Plan de choque para “enderezar” el rumbo: PIPE y sus impactos

Carlos Fernández*

Luego de los pobres resultados de los sectores industrial y agropecuario durante 2012, representados en un decrecimiento de 0,7% en el primer caso y un crecimiento de 2,6%, en el segundo, empresarios agrícolas e industriales presionaron para que el gobierno pusiera en práctica una serie de medidas que les permitiera salir del hueco en el que habían caído.

Las medidas de choque del Gobierno Nacional para dinamizar la economía favorecen a los grandes empresarios y a los grupos económicos.

Las medidas de choque del Gobierno Nacional para dinamizar la economía favorecen a los grandes empresarios y a los grupos económicos.

Aunque el presidente Santos desechó el término de plan de choque, con su equipo económico elaboró un denominado Plan de Impulso a la Productividad y al Empleo (PIPE), mediante el cual busca darle un tratamiento de choque a la deprimida situación que viven los sectores mencionados. El plan contempla ayudas y subsidios orientados a sectores específicos y medidas transversales que tocan al conjunto de la economía y tiene como meta inyectar cinco billones de pesos a la economía, generar entre 300 y 350 mil empleos y lograr un incremento del PIB de 4,8% en 2013.

En materia cambiaria y en aras de detener y reversar la revaluación del peso, el plan pretende generar una demanda adicional por dólares del orden de los cinco mil millones de dólares. Para lograrlo, se pretende, de un lado, obligar a los fondos privados de pensiones a elevar sus inversiones financieras en el exterior, pues hoy en día tienen colocado el 94% de su activo en pesos colombianos. De otro lado, se obliga a que los recursos del Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales que provengan de las regalías se inviertan en activos extranjeros. Con la detención de la revaluación del peso, se pretende darles un aire a los sectores exportadores de bienes afectados por la revaluación.

Aparte de usar los recursos de las pensiones para transacciones especulativas en el exterior, con lo que ponen en riesgo su sostenibilidad dada la crisis de los mercados monetarios externos, en este campo no se tomó ninguna medida relacionada con el control al ingreso de capitales que es el principal responsable de la tendencia revaluacionista, lo que puede contrarrestar el efecto de elevación de la tasa de cambio que se busca con el plan de choque.

En materia de disminución de costos, se acelera el proceso de desmonte de los parafiscales destinados al SENA, el ICBF y la salud, aprobado en la reforma tributaria de diciembre de 2012. Dicho desmonte estaba previsto para empezar en julio y se adelanta su puesta en práctica para mayo del presente año.

O sea que se aceleran los alivios que les brinda la reforma a los grandes capitales, con lo cual la búsqueda de competitividad no pasa por la innovación y la inversión en nuevas tecnologías productivas sino que se carga sobre los hombros de los trabajadores, que ven en peligro dos instituciones que les son caras, y sobre el presupuesto general de la nación, puesto al servicio de los grandes empresarios.

Las medidas sectoriales

De los cinco billones de pesos, $2,1 billones se destinarán a la vivienda, sector que ya viene en crecimiento y al cual se le pretende generar una demanda adicional de los sectores medios (viviendas entre 80 y 200 millones de pesos), a través de un subsidio de 5% en la tasa de interés, que sería compartido por los bancos y el gobierno nacional. A pesar de las altas tasas de interés que cobran, los bancos aceptaron sin chistar «compartir» este subsidio.

Se destinarán $1,2 billones a medidas arancelarias, consistentes en mantener con arancel cero las importaciones de materias primas y bienes de capital con destino a la industria, principalmente. La exención se vencía en agosto de 2013 y ahora se prolonga hasta el año 2015. O sea que sigue subsidiando a los grandes empresarios sin compromisos de estos de elevar su productividad.

Los otros recursos se distribuirán así: $711 mil millones irán al sector de infraestructura, para rehabilitar 160 kilómetros de vías; $545 mil millones, a la agricultura, para elevar recursos del Incentivo a la Capitalización Rural; $287 mil millones, a la competitividad; $100 mil millones, al comercio y a la industria, y $40 mil millones, a la lucha anticontrabando.

El impacto del plan sobre el empleo y el crecimiento está por verse. Pero sí se puede decir que, al contrastar la celeridad con que se elaboró el plan, una vez conocidos los precarios resultados en industria y agricultura mencionados más atrás, con las dificultades de los cafeteros y de otros sectores para lograr elevar el subsidio que les otorga el Estado, paro incluido, salta a la vista de lado de qué clases está el gobierno. Por eso, la necesidad de respaldar con acciones colectivas, masivas, las propuestas de los sectores populares que se presenten en la mesa de La Habana.

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Investigador del CEIS

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