Zonas de reserva campesina, en riesgo

La Corte Constitucional estudia una denuncia temeraria contra los artículos que sustentan la figura

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Agencia Prensa Rural

Varios artículos de la Ley 160 de 1994 que sustentan jurídicamente la figura de las zonas de reserva campesina (ZRC) están en riesgo de desaparecer por cuenta de una demanda que hace trámite en la Corte Constitucional.

La acción fue presentada por Edwar Álvarez, un “reconocido ‘gerente’ de temas ambientales y étnicos” y un “aliado del uribismo”, según informó la Asociación de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc).

Según esa organización, “Álvarez ha fungido como activista político desde hace varias décadas. Durante el gobierno Uribe se destacó por su trabajo mancomunado con el delfín conservador Luis Eduardo Hoyos, en particular cuando fue designado como el gerente del Cordón Ambiental y Tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta de Acción Social”.

La demanda

La iniciativa de inconstitucionalidad que estudia la Corte atenta contra los artículos 79, 80, 81, 82, 83 y 84 de la Ley 160 del 94, los cuales dan vida a la figura de las ZRC, una de las pocas herramientas legales a favor del campesinado colombiano.

La acción tiene como fundamento la supuesta falta de consulta previa a las comunidades indígenas, argumento que desconoce los acuerdos interculturales en las regiones y que reproduce el estereotipo según el cual las comunidades mestizas son una amenaza para los pueblos indígenas.

En realidad, los beneficiados con esta acción no serían las comunidades indígenas sino los sectores políticos y económicos aferrados al modelo latifundista y que pretenden con esta jugada hacer desaparecer de la ley una de las pocas herramientas efectivas para el campesinado.

Según Anzorc, hasta el cierre de esta edición la Corte Constitucional no había invitado formalmente a participar en el debate jurídico a ninguna organización campesina.

Las ZRC

Gracias a la figura de las ZRC, con muchas adversidades, las comunidades campesinas han encontrado la posibilidad de materializar sus exigencias sociales, tener reconocimiento de su territorialidad y gestionar planificadamente las áreas rurales que habitan.

En este momento hay seis ZRC constituidas: en Calamar (Guaviare), Cabrera (Cundinamarca), El Pato (Caquetá), el sur de Bolívar (Bolívar), el valle del Río Cimitarra (Antioquia y Bolívar) y en el alto Cuembí y Comandante (Putumayo). Y muchas otras están en proceso de constitución.

Para crear una ZRC, las comunidades deben organizarse y diseñar un plan de desarrollo sostenible. El Estado tiene que darles el apoyo que necesiten para que tengan infraestructura, y además se determina un límite para la extensión de la propiedad de la tierra, de modo que se evita el latifundio.

Una vez constituida una ZRC, se empieza a ejecutar el plan de desarrollo sostenible, el estímulo a la economía campesina y la protección del medio ambiente.

Durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe, la figura fue desacreditada y estigmatizada. En ese periodo, el gobierno suspendió la ZRC del valle del Río Cimitarra (ACVC), mientras que las solicitudes de constitución de otras reservas se represaron en el Incoder a la espera de su aprobación.

Extrañeza

Para Anzorc, las organizaciones campesinas han recibido con extrañeza que líderes indígenas como Luis Fernando Arias, actual presidente y representante legal de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), hayan colaborado con la petición de Álvarez contra las ZRC.

Y, peor aún, que hayan corroborado la tesis de que el campesinado que pide el reconocimiento de sus derechos y su territorialidad, y que exige limitaciones al latifundio, sea una “amenaza” para los pueblos indígenas.

“Esperamos abrir espacios de diálogo que permitan avanzar en la propuesta de múltiples territorialidades interculturales que recojan a indígenas, afrodescendientes y campesinos”, expresó Anzorc ante la postura de la ONIC.

Ante la situación, desde las organizaciones campesinas reunidas en Anzorc se han emprendido acciones de respaldo a las reservas campesinas, como actividades de sensibilización y manifestaciones para oponerse a la demanda. Desde el 4 de octubre pasado, todos los viernes, campesinos y simpatizantes de las ZRC vienen realizando plantones en la Corte Constitucional, en el Palacio de Justicia de Bogotá, para oponerse a la medida.

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