Policarpa (Nariño): víctima del paramilitarismo, esperanza en los diálogos de paz

Entrevista de rpaSUR con el abogado Camilo Salazar de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes

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A cuatro horas de la ciudad de Pasto se encuentra el municipio de Policarpa, territorio denominado por los invasores incas como “Tunkahuan” palabra que en quechua significa pueblo que vive entre montañas, en donde habitaron dos grupos indígenas los chapanchicas y los sindaguas, estos últimos un pueblo aguerrido que se sublevó contra el dominio español y que gracias a la riqueza en oro del río Patía, fabricaron hermosas piezas orfebres que se exhiben en los museos de Pasto y Quito (Ecuador).

Así como el río Patía alberga esta riqueza inagotable de oro, a lo largo de la historia se convirtió en escenario de violencia en Nariño, toda vez que sus aguas arrastraron cerca de mil cuerpos de personas asesinadas en el marco del accionar paramilitar, acciones que dejaron más de una vereda o corregimiento de Policarpa despoblado, como es el caso de la vereda El Naranjo, en donde el grupo paramilitar Los Rastrojos cometió toda clase de abusos y masacres, generando el desplazamiento de cientos de familias de este territorio, que apenas hoy por hoy comienza nuevamente a poblarse.

Ahora, en el marco de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, Policarpa, junto con el municipio de Tumaco, fueron escogidas como zonas veredales de transición de normalización, lugares en donde se concentran las FARC en su proceso de desarme y reincorporación.

En diálogo con rpaSUR el abogado Camilo Salazar de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, opina que la escogencia de Policarpa obedece a un reconocimiento por la tragedia que ha sufrido este municipio por la presencia paramilitar y los efectos del conflicto armado interno, pues, afirma el abogado, “Policarpa, según los datos de la Unidad Administrativa de Reparación Integral, registra una situación de desplazamiento bastante grande, hay un registro de víctimas de 23.295 personas, que si se compara con el número de habitantes de este municipio de 16.500 personas, lo supera en más de un punto”.

La Unidad de Tierras, según Salazar, “señala que en el momento existen alrededor de 230 solicitudes de restitución de tierras, que equivalen a mas de 2.200 hectáreas que han sido despojadas por el paramilitarismo”.

“Así como es un territorio que recoge la tragedia de la guerra, es un territorio de gente muy buena y trabajadora”, afirma el abogado “de campesinos que se resisten a que su territorio sea macartizado como una zona de guerra y en este momento mostrarse al país como una zona de esperanza para Nariño”.

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