Buscan modificar el objeto social de empresas

Este proyecto de ley preocupa porque atenta contra la viabilidad y sostenibilidad a largo plazo de las empresas de servicios públicos, lesiona la eficiente prestación y mayor cobertura para los usuarios de los servicios, y pone en riesgo el patrimonio público que estas empresas representan.

Sede de Empresas Públicas de Medellín.

Sede de Empresas Públicas de Medellín.

La Escuela Nacional Sindical, ENS, informó que la presidenta del Sindicato de Profesionales del Grupo Empresarial EPM, Sinpro, Olga Lucía Arango Herrera, solicitó aplazar mientras se debate, el proyecto de ley 218 que cursa en el Congreso de la República, por el cual se modificaría el objeto social de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios en Colombia, lo que las dejaría habilitadas para asumir otros negocios y actividades distintas.

Este proyecto de ley, que fue presentado hace dos años por el exsenador Eugenio Prieto Soto, actual director del Área Metropolitana de Medellín, y que está para último debate en el Congreso, preocupa al sindicato porque no solo atenta contra la viabilidad y sostenibilidad a largo plazo de las empresas de servicios públicos (ESP), y fundamentalmente contra empresas como EPM, sino que lesiona la eficiente prestación y mayor cobertura para los usuarios de los servicios, al tiempo que pone en riesgo el patrimonio público que estas empresas representan.

En ese mismo sentido también se han pronunciado diferentes organizaciones sociales y sindicales, usuarios de los servicios públicos y un grupo de concejales de Medellín, quienes hicieron un llamado a los congresistas en el mismo sentido, pues de aprobarse como está el proyecto de ley, podría significar “el principio del fin” de muchas de las ESP, cuyo futuro quedaría supeditado a la voluntad de las administraciones de turno, poniendo en riesgo la prestación de los servicios, sobre todo en el caso de empresas pequeñas, donde el control es mínimo.

“Nos preocupa que este proyecto de ley esté cursando sin un debate amplio frente a la comunidad, en el Concejo de Medellín y en la misma junta directiva de EPM”, señaló la presidenta de Sinpro, sindicato que en días pasados publicó un aviso de una página en el periódico El Colombiano, para alertar sobre los riesgos que entraña el proyecto. A este llamado se sumó la carta que varios concejales de Medellín enviaron a la bancada antioqueña del Congreso, solicitando que se aplace su discusión en último debate a fin de que primero sea debatido en el concejo de la ciudad.

Para Sinpro, los servicios públicos domiciliarios son inherentes a la actividad del Estado, y por lo mismo las ESP deben dedicarse exclusivamente al objeto social para el que fueron creadas. Esa responsabilidad no debe mezclarse con otras actividades que podrían distraer su misión social, en un país donde las necesidades básicas en materia de servicios públicos domiciliarios aún están lejos de ser resueltas, con la posibilidad incluso de que se creen subsidios cruzados y velados hacia otros sectores de la economía.

Lo otra pregunta que hace Sinpro es sobre el personal con el cual se atenderían los nuevos negocios en los que entre EPM, de aprobarse la ley. “¿Con trabajadores tercerizados? De ser así estaríamos contribuyendo a incrementar la tercerización que ya está bastante alta en el grupo EPM”, señaló la señora Arango Herrera, para quien su posición frente al tema es coherente con la filosofía del sindicato en defensa del patrimonio público y la viabilidad de EPM.

Según la dirigente sindical, no es necesario modificar el objeto social de las empresas de servicios públicos domiciliarios, “puesto que cualquier ciudadano, incluso los dueños o los administradores de las ESP, podrían constituir otro tipo de empresas lícitas que se dediquen a otras actividades”.

Propuso que, en vez de modificar el objeto social de las ESP, se amplíen las restricciones de los porcentajes de propiedad (del 25% al 33%) en las actividades descritas en las leyes 142 y 143 de 1994 (leyes antimonopolio), para que empresas como EPM puedan reinvertir sus excedentes en el propio sector de los servicios públicos domiciliarios.

Finalmente, señaló la incoherencia que ha mostrado la Administración Municipal de Medellín en el tema, que en su opinión se ha manejado en secreto.

Nos preocupa que funcionarios directivos de EPM le estén haciendo lobby en el Senado en favor de la aprobación del proyecto 218, cuando el propio alcalde Federico Gutiérrez ha manifestado que no le apunta a cambiar el objeto social de EPM, y ni siquiera la Junta Directiva de ésta lo ha aprobado, el Concejo no lo conoce y con los trabajadores tampoco se ha socializado”, puntualizo la presidenta de Sinpro.

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