El Duda exige garantías de paz

“Tememos por la vida y la integridad personal de las familias campesinas que habitamos la región”: Asociación Campesina del Alto Duda

Comunidades campesinas del Duda, se reúnen para exigir garantías de paz. Foto Boris Orjuela.

Comunidades campesinas del Duda, se reúnen para exigir garantías de paz. Foto Boris Orjuela.

Carolina Tejada

Desde inicios del año en curso, las comunidades del Alto Duda y sus organizaciones sociales han venido denunciando una serie de violaciones a los derechos humanos, en contra de las personas que allí residen.

Un territorio olvidado y atropellado

El Duda es un territorio del municipio de La Uribe, en el departamento del Meta, que limita con los departamentos del Tolima, Huila y Cundinamarca, allí se entrecruzan comunidades con la región del Sumapaz. En el mes de mayo por medio de una carta a la mesa de diálogos de paz en La Habana, la Asociación de Reserva Campesina del Alto Duda, Arcaduda, denunciaba que desde el mes de abril del 2016, se presentan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las FARC-EP. En esa ocasión pretendían llamar la atención con el ánimo de solicitar una misión de verificación, con el fin de esclarecer los hechos y las responsabilidades de estas acciones, más aún cuando las partes negociadoras, sustentaban su compromiso público con un desescalamiento de la guerra.

Además de ello, las organizaciones de esta zona, denunciaban que se estaban presentando bombardeos indiscriminados sin ningún objetivo militar, en las montañas, cerca de nacimientos de agua del río Duda y en los centros poblados junto a las viviendas de los campesinos generando destrucción y contaminación del ambiente.

Que se habían incrementado los retenes del Ejército en la vía hacia la localidad del Sumapaz, lugar por donde constantemente transita la comunidad campesina para realizar el intercambio y venta de su economía agrícola, como lo es el fríjol, arveja, queso, etc. La comunidad aseguraba que los retenes estaban acompañados de tomas de registros fotográficos, fílmicos, empadronamientos por parte de las fuerzas militares, retención de documentos, estigmatizando y señalando a los campesinos por supuestos vínculos con la guerrilla de las FARC-EP, además de ametrallamientos indiscriminados, y el hurto de los alimentos de los campesinos, presuntamente por miembros de la Fuerza Pública que acampaban cerca de las viviendas.

En ese mismo comunicado aseguraban: “Tememos por la vida y la integridad personal de las familias campesinas que habitamos la región y por las consecuencias que puedan afectar al proceso de paz”.

El informe evidencia que la responsabilidad es del Estado

El pasado 27 de junio se dieron cita en la vereda Nueva Granada, de la localidad de Sumapaz, las organizaciones sociales y campesinas de la región, junto a diferentes organizaciones de derechos humanos con el fin de escuchar el informe que producto de las jornadas de verificación a las denuncias de las comunidades, se había adelantado el pasado 14 de junio de 2016.

Según afirma Aída Avella, presidenta de la Unión Patriótica quien también participó de esta jornada, y quien tuvo la oportunidad de servir de emisora de esta situación en la visita que en el marco de la firma del acuerdo de cese bilateral, se dio entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP en La Habana, “gracias a una visita que nos hicieron unos campesinos de esta región, antes de viajar a La Habana, nos pudimos enterar de la situación y pudimos hablar directamente con el general Naranjo y con el ministro de la Defensa. Creemos que esta es una región emblemática y muy rica y sobre todo que ha jugado un papel trascendental para la paz, y la protección de esta región para la paz es indispensable”.

Un territorio que demanda frenar toda clase de conflictos

Según las mismas comunidades, este territorio en el transcurso de la historia, ha tenido que padecer el fenómeno del conflicto armado, y sus habitantes han sido víctimas directas de los efectos de la guerra. También aseguran que como en muchos rincones del país, la única presencia del Estado, ha sido la militar, en muchas ocasiones acompañando a empresas multinacionales cuyo interés se centra en la explotación minero-energética.

La explotación de los recursos naturales así como las afectaciones al medio ambiente son la otra amenaza que ellos describen en sus misivas. “Las bases militares están estratégicamente ubicadas en las riberas de ríos, lagunas, humedales y otras fuentes de agua, que además son contaminadas gracias al indebido manejo de los recursos. Además en muchas ocasiones, los mismos militares le quitan el agua a las comunidades, violándoles el derecho al mínimo vital”, aseguran los pobladores.

En este mismo sentido, la presidenta de la UP, afirma que no está bien que firmado el cese de la guerra, la presencia militar en la zona se esté intensificando de la mano con las arbitrariedades contra la población, y comenta: “No entendemos cómo están haciendo prácticamente una ofensiva hacia el Alto Duda, eso nos parece muy equivocado. Por eso invitamos a los campesinos a que bajen y hablen con las autoridades de este país, porque la paz la tenemos que construir entre todos y los campesinos juegan un papel fundamental en la construcción de la paz. Ellos son el centro de la paz”.

Las comunidades demandan una paz con garantías

Las organizaciones campesinas han reconocido, que la importancia de estos informes y de la verificación de la crisis que vive la zona, es que se puedan brindar las garantías desde el Estado para que las comunidades puedan vivir mejor. Paola Milena Bolaños, de la Zona de Reserva Campesina de Cabrera, explica: “Tenemos que buscar los mecanismos para que se nos garantice la pervivencia en el territorio, la vida, la no estigmatización y el poder tener una calidad de vida en estos territorios que han sido olvidados por el Estado. Cuando se acaben todas esas injusticias, cuando tengamos salud, educación y las garantías para el trabajo y tener una familia, en ese momento podemos decir que existe la paz”.

Néstor Alfredo Díaz, de la dirección del sindicato de trabajadores agrarios de Sumapaz, Sintrapaz, reconoce: “Para nosotros es muy importante el apoyo y la participación de las organizaciones del distrito, la solidaridad con la crisis que existe en esta región. Para el seis de agosto se hará la reunión para verificar el cumplimiento de los acuerdos a los que el gobierno se ha venido comprometiendo con la comunidad del Duda, que son las garantías de los derechos que se han venido exigiendo. Pero también nos vamos a movilizar para garantizar de que estos acuerdos se cumplan”.

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