Nunca más paramilitarismo

El esclarecimiento del fenómeno paramilitar, su combate y la no repetición, constituyen el pilar fundamental del acuerdo del pasado 23 de junio

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Hernán Camacho
@camachohernan

Ocho meses invirtieron el general de la Policía Nacional Óscar Naranjo y el Comandante de las FARC-EP Pablo Catatumbo, para llegar a un acuerdo que permita superar el paramilitarismo en Colombia.

Con la consigna “nunca más armas y política”, resulta el objetivo más importante de lo acordado. Incluso serán el Gobierno Nacional y las fuerzas guerrilleras, convertidas en movimiento político, las encargadas de adelantar una tarea política consistente en comprometer a todos los sectores del país en un gran pacto que involucre la idea de jamás repetir la práctica del paramilitarismo.

“El Estado adoptará las medidas para garantizar el esclarecimiento del fenómeno paramilitar, evitar su repetición y garantizar el desmantelamiento de las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”, dice el acuerdo suscrito el pasado 23 de junio.

Sanción a la parapolítica

El acuerdo crea instrumentos, entre otros, una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, presidida por el Presidente de la República, los ministerios de Defensa e Interior, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los representantes de las organizaciones defensoras de derechos humanos, con el fin de diseñar una estrategia eficaz de combate y desmonte de estos grupos denominados sucesores del paramilitarismo.

Pablo Catatumbo hizo un llamado a las fuerzas políticas que se reclaman impulsoras de la paz a encabezar el llamado a combatir el fenómeno paramilitar: “la paz del país es la principal bandera de los colombianos y el gran pacto contra el paramilitarismo debe incluir a todas las fuerzas políticas consideradas demócratas”.

Al respecto el Gobierno Nacional se comprometió, entre otras cosas, a adelantar las reformas legislativas necesarias para de una vez por todas sancionar a los partidos políticos que auspicien parapolíticos en cargos de elección popular:

“El Gobierno Nacional impulsará las reformas legislativas necesarias para que existan sanciones a los partidos o movimientos políticos, cuyas personas candidatas o elegidas a corporaciones públicas o cargos de elección uninominal, hayan resultado condenadas por vinculación con organizaciones criminales, incluyendo aquellas que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, por hechos ocurridos durante su mandato. Estas sanciones podrán ser impuestas incluso cuando los condenados/as lo hayan sido con posterioridad al ejercicio del cargo al cual se avaló o al cual fue elegido/a”, señala el acuerdo.

Unidad judicial

Otro instrumento será la comisión de combate al paramilitarismo que será adscrita a la Fiscalía General de la Nación, que tendrá herramientas para combatir el fenómeno paramilitar armado en sus componentes económicos, políticos y sociales. El ente acusador tendrá como prioridad el desmantelamiento estructural de las denominadas “bandas criminales” y el financiamiento de tales grupos. Las herramientas con que cuenta esta comisión de investigación será un cuerpo de policía judicial, debidamente seleccionado, acompañados de una fuerza elite adscrita a la Policía Nacional, con altas exigencias de profesionalismo e idoneidad.

“La Unidad investigará, acumulará casos en lo que sea de su competencia, y de ser procedente presentará imputaciones y acusaciones ante la jurisdicción ordinaria o ante la Unidad de Justicia y Paz, siempre que no haya vencido el plazo legal para las postulaciones. La Unidad podrá solicitar ante el órgano competente la acumulación, en el juzgado de mayor instancia, de las competencias judiciales por todos los delitos cometidos por la organización criminal, dentro de la respectiva jurisdicción”, señala el acuerdo entre las partes.

Pero no solo se perseguirá el componente armado de las denominadas bandas criminales. Catatumbo advirtió que la unidad especial de investigación “tendrá la obligación de investigar los crímenes de aquellos que han participado en alguno de los componentes del paramilitarismo. Estamos hablando del financiamiento, de su aparato militar, narcotraficante y la corrupción o su accionar social”.

Seguridad de combatientes

Un componente de seguridad y protección para los combatientes que hacen tránsito a la vida civil también hace parte del acuerdo de lucha contra el paramilitarismo. Para no repetir la historia del genocidio de la Unión Patriótica el Estado colombiano se ha comprometido a través de la Unidad de Protección a que el movimiento político que surja de los acuerdos esté blindado.

El general Óscar Naranjo al respecto señaló: “El acuerdo no solo se ocupó de hacer una revisión genuinamente democrática y necesaria para rodear de garantías y protección a quienes hacen dejación de las armas para transformarse en un actor político en la vida civil. Hemos mirado con detalle las lecciones aprendidas en Colombia para que nunca más se repita la historia de quienes han dejado las armas y sean asesinados”, puntualizó ante la prensa internacional.

Doctrina anticomunista

Por último y a propósito de las declaraciones del presidente Santos, en torno a reforzar el Escuadrón Antidisturbios de la Policía para el posacuerdo, el jefe insurgente señaló que tales declaraciones son parte de la doctrina del enemigo interno que aún está en debate: “El conflicto social se debe desarrollar por las vías democráticas porque de eso se trata la democracia. Porque nosotros no vamos a cambiar nuestras convicciones ni los problemas sociales se van a superar solos por el hecho de terminar el conflicto armado. Lo que hay que exigir es que se otorguen garantías para la protesta”, indicó Catatumbo.

El líder fariano expresó que en Colombia el uso legítimo de las armas se lo debe ganar el Ejército Nacional haciendo buen uso de ellas. Se refiere a que la legitimidad de las actuaciones militares va a depender de no asesinar defensores de derechos humanos ni a la población que asuma la protesta como forma para hacerse escuchar. “por eso es necesario el respeto a los derechos humanos y desmontar la teoría anticomunista del enemigo interno”, subrayó.

Comments are closed.