Santos pregona la paz, pero gobierna en contravía de ella

Las FARC acogerán el mecanismo de refrendación popular que la Corte indique, pero eso no avala la política antipopular del gobierno. La oligarquía no nos regalará nada, un nuevo poder surgido desde la base social será la garantía de cambios para un nuevo país.

Juan-Manuel-Santos

Luis Jairo Ramírez H.

Ha sido evidente a lo largo del proceso de diálogos, cómo el gobierno impuso una sucesión de hechos unilaterales con una suerte de arrogancia imperial, que pusieron en riesgo la continuidad de la negociación. La gente se pregunta sobre la real voluntad del gobierno para cumplir sus compromisos una vez se firme el acuerdo final.

El 26 de mayo de 2013 se logró en La Habana un acuerdo sobre desarrollo agrario integral cuyo contenido “…sienta las bases para la transformación integral del campo”; pero inexplicablemente el 29 de enero de 2016 el mismo presidente Santos sancionó la Ley 1776 de 2016, conocida como Ley sobre “Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social – Zidres”, inexplicable porque esta Ley modifica arbitrariamente el sistema de propiedad y uso de la tierra, de manera que no sean los campesinos los únicos que puedan acceder a los terrenos baldíos (grandes extensiones de tierra no tituladas), sino que también lo pueden hacer los grandes inversionistas.

Es volver a un modelo medieval en que el campesino pasa de ser dueño de su tierra a ser peón del inversionista; a esto se agrega el fracaso de la “Ley de víctimas y restitución de tierras” y los continuos incumplimientos del gobierno sobre los acuerdos pactados con la Cumbre Agraria. Una actitud presidencial permanentemente en contravía de los acuerdos de paz.

Este 28 de junio, durante la ceremonia de ascenso del director de la Policía, el presidente Juan Manuel Santos anunció que el Esmad se fortalecerá porque “vamos a ver (…) más movilizaciones y protestas sociales”. Según datos del Cinep, entre el 2002 y el 2014 el Esmad registra 448 agresiones con sevicia contra ciudadanos indefensos, 13 asesinatos, principalmente de estudiantes, indígenas y campesinos, actos de violencia sexual, además de afectaciones a bienes civiles.

Tras 52 años de confrontación armada y la cercanía de un acuerdo final de paz en La Habana, esta afirmación presidencial resulta ser un anuncio de la mayor gravedad pues se trata de ir contra lo ya pactado, con una “declaración de guerra institucional” contra las legítimas reclamaciones de la población; una burla a la esperada democratización de la sociedad y la previsión de una nueva escalada de vulneraciones de los derechos humanos en el país. Se trasladarían así las antiguas prácticas criminales del paramilitarismo a los escuadrones de la muerte del Esmad.

Recientemente Juan Carlos Echeverry, Presidente de Ecopetrol, dijo que “la paz nos va a permitir sacar más petróleo de zonas vedadas por el conflicto”. Desde el comienzo, Santos vendió en el exterior su propuesta de paz, presentándola como una oportunidad de negocios para el gran capital transnacional. Debe quedar claro entonces que nuestra esperada paz con justicia social no está en el presupuesto de la oligarquía y la razón de ser del gran capital; nos corresponde alcanzarla en las luchas de plazas y calles.

La insurgencia ha demostrado su compromiso de paz; pero existe un modelo de paz santista sin compromisos ni cambios profundos en la sociedad; manteniendo una infraestructura bélica gigantesca, un presupuesto de guerra monstruoso, una doctrina militar contraria a la paz, una reforma con nuevos tributos a los pobres mientras exonera a los ricos, una estrategia de contención de la lucha social a partir del “estatuto de seguridad ciudadana”, la extensión del fuero militar y un nuevo Código de Policía que golpea las libertades públicas.

Estamos convencidos del carácter irreversible del proceso de paz y seguros de un escenario de pos-acuerdos que augura una elevación de la organización social y crecientes movilizaciones para insistir en el fin de la violencia, la sustitución de fusiles por semillas para cosechar alimentos y cambiar aviones de combate por universidades públicas, creadoras de una nueva cultura social para las nuevas generaciones. Las FARC acogerán el mecanismo de refrendación popular que la Corte indique, pero eso no avala la política antipopular del gobierno. La oligarquía no nos regalará nada, un nuevo poder surgido desde la base social será la garantía de cambios para un nuevo país.

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