Una Constitución caduca, sin apertura democrática

El pasado 4 de julio se cumplió un cuarto de siglo la Constitución Política de Colombia

Aída Avella en sesión de la Asamblea Nacional Constituyente. Foto: VOZ

Aída Avella en sesión de la Asamblea Nacional Constituyente. Foto: VOZ

Redacción Política

En momentos que finaliza el proceso de paz con las FARC-EP y el inicio de las conversaciones con el ELN, la actual Constitución colombiana cumple 25 años de historia. Un tratado social que se fundió en medio de pactos de paz firmados con las guerrillas insurgentes de finales del siglo pasado y aperturas neoliberales por el continente.

Y es justamente ese pulso el que se vio reflejado en medio de 105 días de debates entre la apertura económica, formulación de un catálogo de derechos fundamentales, nuevas tesis sobre derechos de segunda y tercera generación, y la reformulación de instituciones para los nuevos tiempos.

La exclusión

Los protagonistas de la Constituyente coinciden en señalar que la Carta es producto de consensos entre las fuerzas políticas que asistieron como asambleístas. Sin embargo, el rezago político y el sistema excluyente no se eliminaron después de promulgada la Constitución de 1991. No fue suficientemente amplio el proceso de configuración del cuerpo asambleísta de la época, que dejó por fuera a sectores políticos y sociales, cerrando la puerta a una apertura democrática real en el país.

Así lo señaló recientemente el equipo dinamizador del proceso Constituyentes por la Paz, en el documento denominado ANC: Hacia las Transformaciones del País: “En definitiva, lo que ocurrió en el marco de la Constitución del 91 fue un reacomodamiento de las elites políticas junto con un sector de la izquierda, que en ‘teoría’ trajo una ventaja comparativa frente a la Constitución de 1886, pero que sin embargo, perpetuó un sistema de exclusión contra partidos y movimientos políticos y sociales, y a su vez alejó al conjunto de la población colombiana de la participación”.

No obstante los debates suscritos a temas como derechos humanos y reivindicaciones sociales, lo destacan constituyentes como Aída Avella, quien fue la primera en presidir una jornada de discusión y quien se enfocó en los derechos sociales para los colombianos. Avella señala que la Constitución fue de avanzada en comparación con su predecesora de 1986, hasta que se configuró el capítulo de los derechos económicos cuyo marco fundamental se hizo sobre las directrices del neoliberalismo.

Retrocesos

Otro de los aspectos relevantes que dejó la Constitución fue la implementación de los mecanismos de participación ciudadana. No obstante, los desarrollos de los principales enunciados en ese sentido quedaron sujetos al cuerpo legislativo que impuso condiciones inalcanzables para hacer efectiva la opinión ciudadana. Esto último se ve materializado en la constitución de partidos políticos, la convocatoria a plebiscitos o el respeto a las decisiones de las comunidades sobre el uso del suelo y el rechazo a la explotación minera en sus territorios, que queda supeditada a los intereses económicos del gobierno central.

“Debido a que se generaron diferentes trabas, ejemplo de ellas: el umbral, la revisión por parte del Congreso de los proyectos presentados por la ciudadanía, la poca pedagogía en torno a los mecanismos y finalmente el carácter no vinculante de las iniciativas presentadas por los ciudadanos, entre otras. Todo esto llevó a que con el pasar de los años la Constitución del 91 fuera perdiendo su carácter participativo y reforzara la democracia representativa, que se seguía manifestando por medio de los partidos políticos tradicionales”, precisa el estudio ANC: Hacia las Transformaciones del País.

Otra deuda es el estatuto de la oposición cuya naturaleza se configuró como una herramienta para garantizar los derechos a quienes han estado excluidos del sistema político tradicional. El enunciado nunca fue desarrollado y ha sido debate, incluso, de la mesa de conversaciones entre las FARC-EP y el Gobierno nacional.

En definitiva la Carta del 91 y sus cuarenta modificaciones, se encuentran agotadas y quedaron rebasadas por las realidades sociales veinticinco años después. Ni la séptima papeleta ni los procesos de paz de finales de la década del ochenta fueron suficientes para llegar a una democracia real para el país.

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