Respeto a la protesta social

El posacuerdo puede conllevar a cambios estructurales que devienen de los acuerdos de La Habana, pero sin Códigos de Policía represivos y sin Esmad que adelanta la guerra contra el pueblo.

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Editorial del Semanario VOZ

Los gobernantes en Colombia, liberales y conservadores, no solo le han tenido pánico a las reformas políticas y sociales democráticas, sino también a la protesta social y a la movilización popular en sus justas demandas, acciones legítimas consagradas en la Constitución Política y en las leyes, pero negadas en la práctica con el argumento de la preservación del orden público.

El gobierno de Álvaro Uribe Vélez bajo la égida de la “seguridad democrática” le declaró la guerra abierta a la movilización popular y a la protesta social. Toda lucha reivindicativa o reclamación de derechos era calificada de “acción terrorista” y aliada de la subversión. O están conmigo o están contra mí fue la divisa uribista, la oposición, tan perseguida y ultrajada en su gobierno, fue convertida en “aliada del terrorismo”. Es quizás el ejemplo más reciente, pero hubo esperpentos antidemocráticos como la “Ley de los Caballos”, la “Ley Heroica”, el “estatuto de seguridad”, para citar tres más en diferentes etapas de la historia, que sirvieron de “instrumento legal” para reprimir los reclamos de la ciudadanía.

Esa tendencia marcada de los gobiernos de la burguesía colombiana, siempre bipartidistas, restringió al máximo la democracia y redujo el espacio de la oposición. Significó la inveterada costumbre de utilizar la violencia como forma despótica del poder dominante. Es una de las causas de la violencia en Colombia y del surgimiento de organizaciones armadas guerrilleras, que ante el cierre de los espacios políticos públicos y legales, prefirió la guerra de guerrillas para buscar la conquista del poder.

Es una práctica tan apreciada por la oligarquía colombiana y el régimen dominante que aún en los tiempos de paz se acude a la legislación de orden público, como si hubiera una guerra. Es la forma de defender el poder ante la resistencia del pueblo a la injusticia y a la represión.

El gobierno de Juan Manuel Santos con el argumento de que “tiene abierta la puerta del diálogo pero no cede a las pretensiones de los que protestan”, niega la solución negociada de los conflictos sociales, en contravía a lo que está acordando en La Habana en el marco de los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC-EP. Es una maniobra peligrosa porque deslegitima el diálogo y le resta apoyo popular. ¿De qué sirven los acuerdos con la guerrilla en La Habana si en Colombia recibimos el mismo trato indigno de siempre? dicen desde distintos sectores sociales.

El gobierno de Santos que habla tanto de que se está preparando para el “posconflicto” ante la inminencia del acuerdo final con las FARC, actúa en la cotidianidad con saña agresiva, rechazando las demandas de los sectores sociales, cerrado a los cambios democráticos y de justicia social. Como si no hubiera cambios.

El llamado posconflicto, mas bien posacuerdo, va a requerir de una nueva relación del poder con la ciudadanía. No puede ser de mano dura e intolerancia, sino abierto a las reformas. Como bien lo han dicho las FARC, después del acuerdo final viene un objetivo de gran envergadura que es la Asamblea Nacional Constituyente para producir cambios hacia el nuevo país, hacia la nueva Colombia. El régimen de estado de sitio que no existe en la Carta política, es tan apreciado por la clase dominante que se ha convertido en una práctica de hecho para contrarrestar e impedir las acciones populares y la protesta social.

Lo más grave es que antes de la firma del acuerdo final el poder se prepara para continuar estas políticas despóticas y antidemocráticas. El Código Nacional de Policía es un esperpento represivo y totalitario, que coloca en manos de un escuadrón criminal como el Esmad, cuya disolución es reclamada a lo largo y ancho del país, la solución a la fuerza de los conflictos.

Un nuevo país, con democracia renovada y fortalecida, es imposible con el Código Nacional de Policía hace poco puesto en vigencia y con la existencia del Esmad, escuadrón de matones que cobra víctimas en cada acción de represión a la protesta social. El único camino para resolver los conflictos es el diálogo; como la participación de la ciudadanía es la clave para solucionar los acuciantes problemas que la agobia.

El posacuerdo puede conllevar a cambios estructurales que devienen de los acuerdos de La Habana, pero sin Códigos de Policía represivos y sin Esmad que adelanta la guerra contra el pueblo.

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