La “farcpolítica” es una farsa

Nunca más un montaje judicial contra opositores y dirigentes de izquierda. Se hizo justicia con Piedad Córdoba

Piedad Córdoba, en el Cauca.

Piedad Córdoba, en el Cauca.

Redacción Política

El Consejo de Estado declaró nula la actuación administrativa de la Procuraduría General de la Nación contra de la exsenadora y vocera de Marcha Patriótica, Piedad Córdoba. Con dicha decisión el máximo tribunal de lo contencioso cerró para siempre el denominado caso “Farcpolítica”. Alejandro Ordóñez había sometido a la exparlamentaria a 18 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Con ocasión a la ejecutada Operación Militar Fénix, en donde tropas colombianas con la ayuda de los Estados Unidos invadieron el vecino país de Ecuador y asesinaron al segundo jefe de las FARC Raúl Reyes, el gobierno del expresidente Álvaro Uribe anunció ante los medios de comunicación del mundo la supuesta confiscación de los computadores personales del jefe insurgente en donde según él se hallaba información valiosa de los supuestos nexos de dirigentes políticos con esa guerrilla.

Desde ese momento nació la Farcpolítica y se convirtió en el arma de persecución a la dirigencia social y política de oposición a aquel gobierno.

El 18 de mayo del año 2011 la Corte Suprema de Justicia se pronunció inhibiéndose de investigar al exparlamentario Wilson Borja tras constatar que las autoridades que realizaron el operativo militar en Manta, Ecuador, desatendieron el “debido proceso” que gobierna la producción de pruebas en el exterior. “Traspasaron las fronteras y de facto, las recogieron, lo que determinó que la Sala declarara que el contenido demostrativo de esos elementos es ilegal; por eso aplicó la cláusula de exclusión prevista en el artículo 29 de la Carta; pues reitera que el proceso, el recaudo probatorio, su legalidad, la ofrecen la Constitución, la Ley y los Tratados y Convenios internacionales sin ninguna otra consideración”, indicaron voceros del alto tribunal.

Pruebas inexistentes

Es decir, las pruebas que sustentan la acusación de relaciones entre dirigentes de izquierda y las FARC no existían. Sin embargo, la Procuraduría siguió adelante en los procesos hasta que sancionó a la excongresista Córdoba validando lo que la Corte Suprema de Justicia había desechado. Convirtiendo esa sanción en una persecución política y personal. Seis años después el Consejo de Estado coincide con su par penal y señala que no existe prueba alguna para mantenerle la sanción a Piedad Córdoba y anula la decisión.

“La Procuraduría General de la Nación vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la accionante al considerar como pruebas válidas, dentro del proceso disciplinario, las practicadas y recaudadas en desarrollo de la Operación Fénix, las cuales se consideran inexistentes”, indica la sentencia.

Pero además el fallo señala que los otros documentos utilizados por la Procuraduría para sancionar a la excongresista apenas se constituyeron en prueba indiciaria como los registros de prensa, que resultan insuficientes para demostrar una supuesta promoción, auspicio, financiación, organización, instrucción o colaboración con grupos armados al margen de la ley.

“Una satisfacción muy grande porque como en mi caso mucha gente ha sido perseguida y encarcelada injustamente. Y muy contenta porque la gente ha perdido mucha fe y credibilidad en la Justicia colombiana y está decisión del Consejo de Estado levanta esa sensación, entre otras, porque mi caso es particular pues no solamente se ve desde el punto de vista jurídico sino político. Este caso ha sido politizado”, señaló Piedad Córdoba al noticiero NC Colombia.

Y es que la Procuraduría de Ordóñez en sus dos periodos se dedicó a perseguir a la exsenadora por sus decididas posiciones en procura de la solución política al conflicto, el intercambio humanitario y a tender puentes para dejar en libertad a retenidos por las FARC, en pleno auge de la política de Seguridad Democrática. “Cuando nadie hablaba de paz yo me atreví a tomar esa bandera y eso me lo han querido cobrar siempre”, señaló Córdoba.

Voces de solidaridad

Lo que viene para la vocera de Marcha Patriótica es avanzar con más fuerza en el camino de la refrendación popular de los acuerdos de La Habana, y manteniendo la expectativa nacional de alcanzar la cifra de 10 millones de votos en favor del plebiscito. “Y después de ganar el sí vamos avanzar a la asamblea nacional constituyente porque estoy segura que podemos avanzar a las transformaciones sociales y una verdadera apertura democrática”, indicó la exparlamentaria.

Las voces de solidaridad no se hicieron esperar. Quien compartió el banquillo de falsas acusaciones por los computadores de Raúl Reyes fue el director del semanario VOZ, Carlos Lozano, quien expresó: “Se impuso la justicia, le restituyen derechos políticos a Piedad Córdoba. Ordóñez a responder por prevaricato. Sinvergüenza”.

El tribunal de Estado señaló que la Procuraduría deberá indemnizar a la exparlamentaria por los daños ocasionados con el pago de los salarios y prestaciones que dejó de percibir entre el 3 de noviembre de 2010, día en que fue separada de su curul, y el 19 de julio de 2014, día en que finalizó su periodo legislativo 2010-2014.

Lo que desde un principio fue un debate jurídico insulso se convirtió hasta hoy en un debate político en contra de Córdoba, quien fue víctima de una matriz de información que la señalaba como una persona desestabilizadora de la seguridad nacional y enemiga pública.

Córdoba agradeció a quienes desde un principio señalaron públicamente que su juicio era una retaliación política y expresó que no olvida la solidaridad de los integrantes de Marcha Patriótica, Poder Ciudadano, el Partido Comunista Colombiano, la Unión Patriótica y las personalidades políticas que, aunque no comparten sus ideas, rechazaron el montaje judicial.

Desde luego que capítulo aparte tienen quienes propiciaron y multiplicaron esa matriz de desprestigio. Los medios de comunicación que la señalaron sin consideración alguna, incluso sin escucharla, hoy equipararon la justiciera decisión del Contencioso con los procesos que adelantó la Justicia ordinaria en contra de los jefes políticos por sus vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia, intentando desvirtuar la decisión.

Aun cuando le queda pendiente a Córdoba otra inhabilidad de 14 años, la exsenadora está confiada que superará ese nuevo obstáculo: “Yo fui atleta de carrera de fondo con obstáculos por defender la paz con justicia social y lo vamos a lograr de nuevo”.

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