Por una institucionalidad democrática, al servicio del campesinado

“Es hora de actuar, ignorar la realidad que afrontan las comunidades rurales es abono para engendrar nuevas violencias y la condena a millones de compatriotas al empobrecimiento y miseria social”. Carta abierta de Fensuagro

Barichara (Santander). Foto: Léo Tisseau via photopin (license)

Barichara (Santander). Foto: Léo Tisseau via photopin (license)

Bogotá D.C., 23 de agosto de 2016

Señores
Juan Manuel Santos Calderón
Presidente República de Colombia

Aurelio Iragorri Valencia
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

Clara Lopez Obregón
Ministra del Trabajo y la Seguridad Social

Alejandro Ordóñez Maldonado
Procurador General de la Nación

Carlos Negret Mosquera
Defensor del Pueblo

Edgardo Maya Villazón
Contralor General de la República

Respetados señores:

La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro-CUT) se dirige a ustedes de carácter urgente ante la preocupación por la grave situación que afronta el sector rural colombiano y, de manera especial, por las decisiones que se han venido tomando en materia de la concreción y funcionamiento de una “institucionalidad que esté acorde a las demandas y necesidades del sector agropecuario y de los habitantes de la ruralidad colombiana”.

Como es de conocimiento público, el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado mediante la ley 1753 de 2015, en el capítulo III denominado “Transformación del campo”, dentro de sus propósitos busca dar solución o arreglo a los “desajustes institucionales”, específicamente a aquellas que apoyan el sector del agro de nuestra Nación, las cuales se han venido decidiendo de manera unilateral, arbitraria e inconsulta con las organizaciones campesinas y de los trabajadores organizados en los sindicatos, específicamente Sintraincoder y Sintrarurales.

Estas decisiones afectarán de manera negativa y directa a las poblaciones rurales debido a los graves impactos que tendrán, ya que se han tomado sin la participación plena de las organizaciones campesinas y del campesinado en general que hacemos parte de la vida social, gremial, productiva, económica, cultural y política de nuestro país.

En ese sentido los decretos 2363 y 2364 del 7 de diciembre del 2015, que dan vida a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), respectivamente, y las cuales, después de siete meses de creadas, no han podido iniciar sus funciones, programas, planes y proyectos; y lo más grave aún, la desesperanza expresa manifiesta para millones de familias campesinas que se verán marginadas o excluidas por la focalización y la poca claridad de los alcances de unas figuras corporativas que en realidad distan mucho de ser la institucionalidad por la que hemos luchado los campesinos y campesinas, y que hemos propuesto desde distintos escenarios como la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular como fórmula efectiva para salir de la crisis estructural que afronta el campo colombiano y la cual dio origen al paro agrario y popular del 2013, con sucesivas replicas en el 2014, 2015 y 2016, en este último año con la Minga Agraria, crisis que sigue sin resolverse ante la desidia del Gobierno central de concretar políticas concertadas con el movimiento agrario que hoy se encuentra en movilización permanente.

De otro lado, con el decreto 23 de julio de 2016, relacionado con la supresión y liquidación del Incoder, consideramos que ha sido para poner en la calle a más de 500 trabajadores de este instituto, deshaciéndose de un activo humano de alta calidad, difícil de reemplazar por el alto grado de compromiso e idoneidad de la gran mayoría de los trabajadores y funcionarios despedidos y lo que los trabajadores con justa razón han considerado como una “verdadera masacre laboral”, al mismo tiempo que las nuevas “instituciones” quedan con el camino expedito para la tercerización laboral, política acorde a los ajustes neoliberales y fiscales que se imponen desde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Rechazamos esta decisión y exigimos el reintegro inmediato de los trabajadores despedidos al calor de los razonamientos abstractos del alto gobierno.

Igualmente es de público conocimiento que la drástica reducción en materia de funcionarios de las nuevas instituciones, ahora denominadas agencias, con relación al liquidado Incoder y que estarán al frente de la ejecución de los diferentes programas, no tendrán la capacidad operativa para el cabal cubrimiento de sus funciones, ya que en el caso específico de la ANT se tendrá solo una planta de 121 funcionarios, de los cuales 60 estarán en la oficina central de Bogotá y los 61 restantes estarán dispersos en gran parte de la geografía nacional, llevando a cabo labores como los programas de adjudicación de baldíos, las autorizaciones de venta de predios y las diligencias ante los jueces y notarios en procedimientos de certificación de predios para procesos de prescripción, entre otros.

Esto generará fatiga y desprestigio para muchos de ellos y para la propia institucionalidad por los probables incumplimientos a las comunidades que requieran su apoyo. Otro de los agravantes tiene que ver con el poco presupuesto asignado a la ANT, ya que, según el decreto 465 de marzo 17 de 2016, es de tan solo 11.736 millones y para la ADR es de 9.844 millones, lo que pone aun más en entredicho su capacidad de cumplimiento en los múltiples programas que le han sido asignados a estás dos “entidades”

Respetado Señor Presidente Juan Manuel Santos y demás altos funcionarios del Estado colombiano, por todo lo anterior y por muchas más razones que se nos escapan, solicitamos de manera respetuosa atender de inmediato el clamor de más de 13 millones de compatriotas que habitan el campo colombiano, quienes esperan un gesto del Gobierno en materia de soluciones a la cada vez más grave situación que afrontan.

Sabemos Señor Presidente que uno los puntos claves que se ha acordado en las negociaciones de La Habana entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC-EP es el relacionado con la implementación de una Reforma Rural Integral, que posibilite poner fin al conflicto histórico armado que ha desangrado al país, y que tiene varias de sus raíces en la desigual distribución de la propiedad sobre la tierra, y por ende las aberrantes desigualdades sociales que se dan en el campo colombiano.

Sumado a ello la violencia que aún sigue golpeando a miles de familias, si entendemos la violencia más allá de los condenables asesinatos, haciendo un análisis de está desde los índices de necesidades básicas insatisfechas que, como en el caso del departamento de La Guajira, la desnutrición crónica ha dejado a miles de niños muertos y a otro tanto con esperanza de vida limitada.

Por último Señor Presidente y demás funcionarios del Estado colombiano, creemos en la reconciliación y estamos seguros de que es posible construir la paz en nuestra patria tan sufrida, pero para ello es necesario la puesta en práctica de políticas públicas acordes a las necesidades y demandas de las comunidades campesinas y étnicas que habitamos el campo colombiano.

Es hora de actuar, ignorar la realidad que afrontan las comunidades rurales es abono para engendrar nuevas violencias y la condena a millones de compatriotas al empobrecimiento y miseria social.

Reciban ustedes nuestras consideraciones,

Comité Ejecutivo Nacional
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria -Fensuagro-CUT

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