El mito sobre la democracia más antigua del continente

Del plebiscito de 1957 a los acuerdos de La Habana

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Yaneth Corredor Castro

El 1 de diciembre de 1957, con ocasión de la realización del plebiscito, fue la primera ocasión desde el siglo pasado que los ciudadanos fueron consultados y también que las mujeres pudieron votar. Sin embargo, llama la atención que los ciudadanos votaron no volver a participar de manera directa en las grandes reformas y asuntos que los afectan. Así se desprende del siguiente texto: “Artículo 13. En adelante las reformas constitucionales solo podrán hacerse por el Congreso, en la forma establecida en el artículo 218 de la Constitución”. El artículo 218 corresponde a la Constitución de 1886, reforzado por el artículo 13 del plebiscito, prohibía reformar la Constitución por una vía distinta a un acto legislativo discutido y aprobado por el Congreso.

El plebiscito de 1957 dio paso al Frente Nacional, es decir, el pacto entre las elites de los partidos liberales y conservador para dar por terminada la guerra entre estas dos colectividades políticas, agudizada por el asesinato de Gaitán en 1948; es el periodo llamado de la Violencia. Este pacto refrendado en la urnas consolida al bipartidismo en el manejo de los asuntos públicos, tales como la burocracia, mediante el clientelismo, los presupuestos y desde luego la corrupción paritaria hasta nuestros días…

Este antecedente es importante para comprender el carácter que “la democracia más antigua del continente” ha tenido a lo largo de estos años: ¡Claro que funciona la democracia de cada cuatro años con altísimos guarismos de abstención que favorece los intereses de las empresas electorales! “Así asistimos a la paradoja de la existencia de un régimen formalmente democrático pero sometido a una profunda crisis de representación, reflejada en las altas tasas de abstención, en el mantenimiento de prácticas clientelares que incluyen el manejo de fondos públicos con fines privados, la compraventa de votos, etc.(…)”1.

Dado que el Congreso siempre estuvo opuesto a reformarse a sí mismo y las demás instituciones estatales para dar paso a los clamores populares que exigen cambios y participación en los destinos de la sociedad, la prohibición de acudir al constituyente primario para las profundas reformas fue excusa y escollo presente, superado con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que adoptó una nueva carta política y derogó por fin la centenaria de 1886.

El 9 de diciembre de 1990 fue la segunda ocasión en la cual los ciudadanos fuimos convocados a decidir sobre un asunto de gran importancia. En las elecciones para presidente de mayo de 1990 los colombianos dijimos sí el 86% a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y sufragamos 5.236.863. Sin embargo, para la elección de los miembros a conformar dicha Asamblea Constituyente en diciembre 9 de 1990 votamos 3.710.557 y hubo una abstención del 73.9% del censo electoral cuando se discutiría el contenido de la nueva constitución de acuerdo con la representación de las fuerzas políticas allí presentes. ¡Una paradoja a tener en cuenta en la hora presente!

Plebiscito de octubre 2

El próximo 2 de octubre de 2016 se llevará a cabo la refrendación de los acuerdos de La Habana que pondrá fin al conflicto armado y dará paso a la construcción de una paz estable y duradera y ojalá el cierre definitivo del ciclo de violencia, que desde los tiempos de la conformación de la República azota los campos y ciudades y por fin cese la horrible noche.

Esta cita con la historia es sin duda alguna el mayor compromiso político que los colombianos hayamos tenido en décadas porque el debate entre la guerra y la paz nunca fue tan definitivo: ya no es retórica electoral, o filosófica, o política; es el dilema entre los intereses de las grandes mayorías víctimas del despojo y la exclusión y los intereses de quienes se han lucrado con la guerra y la expropiación de la tierra y el trabajo; los intereses de las generaciones presentes y futuras que tienen derecho a vivir con garantías de no repetición de la tragedia humanitaria; derecho a saber toda la verdad y nada más que la verdad y sus responsables; derecho de los expulsados de los campos a retornar al terruño, derecho de los expulsados a otros países a retornar con dignidad y garantías, en fin, a vivir en paz y con la seguridad que los conflictos se tramitarán sin perder la vida ni la dignidad.

El reto es, entonces, romper el círculo vicioso de la abstención y la indiferencia y tomar nuestro destino como un asunto de responsabilidad individual y colectiva. Votar entonces, por el sí es un asunto vital, ético y moral.

  1. Antonia Santos Pérez, Juan Ibeas Miguel, Elecciones y reforma política en Colombia. 1990-1991, pág 343. Universidad Complutense.

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