Posacuerdo y presupuesto: ¿Sí habrá para todo lo que se necesita?

Algunos programas están financiados a través de las transferencias corrientes que hacen parte de los gastos de funcionamiento, pero la disminución de la inversión parecería indicar que no hay voluntad política de meterle plata al cumplimiento de los acuerdos.

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Carlos Fernández*

El proyecto de presupuesto general de la Nación para 2017, presentado por el Gobierno nacional al Congreso, no guarda mayor vínculo con el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito entre las FARC-EP y el Gobierno en La Habana.

Composición de los ingresos

El valor total de los ingresos y gastos programados asciende a la suma de 224,4 billones de pesos, de los cuales 209,3 billones (93,2% del total de ingresos) corresponden a ingresos del gobierno nacional central y los 15,2 billones restantes corresponden a recursos de los establecimientos públicos. Ambas cifras representan incrementos superiores al 6% respecto a los recursos calculados para el año 2016.

Tal incremento se registra en momentos en que las finanzas públicas presentan dificultades derivadas del descenso en los precios internacionales del petróleo, al punto que en el presupuesto para 2017 se prevé que no habrá ingresos provenientes de la renta petrolera.

De los 209,3 billones esperados por concepto de ingresos de la Nación, 119,3 billones corresponden a ingresos corrientes, esto es, a recaudos tributarios y no tributarios del gobierno nacional. El 39,0% de tales ingresos provendrá del impuesto al valor agregado (IVA), tanto interno como externo. Le sigue en importancia el impuesto de renta, que dará cuenta del 37,5% de tales ingresos.

Otro ítem de financiamiento del aporte de la Nación al presupuesto corresponde a los recursos de capital, que ascienden a la suma de 69,8 billones. De esta suma, 51,6 billones corresponden a créditos internos (emisión de títulos de deuda) y externos (créditos de organismos internacionales). Aquí cabe señalar que en el presupuesto de gastos está previsto un servicio de la deuda de 54,3 billones entre amortizaciones e intereses. Es decir que, para pagar los compromisos de endeudamiento, se adquirirán nuevas deudas y será necesario apelar a 2,7 billones de recursos propios para honrar los compromisos.

El gasto programado

Los gastos de funcionamiento y el servicio de la deuda programados para 2017 presentan incrementos de 8,3% y 15,1%, respectivamente, en relación con la programación para 2016. No sucede lo mismo con la inversión, a la que se le ha programado una disminución de 10,3% respecto a lo presupuestado para 2016. Dicha disminución asciende a 15,9% en lo que tiene que ver con la inversión del gobierno nacional central.

Algunos programas que pudieran tener que ver con el acuerdo final están financiados a través de las transferencias corrientes que hacen parte de los gastos de funcionamiento, pero la disminución de la inversión parecería indicar que no hay voluntad política de meterle plata al cumplimiento de los acuerdos. Es sintomática la drástica reducción del presupuesto de inversión para el Ministerio de Agricultura (más de 10%), que debe jugar un papel clave en el cumplimiento del primer punto del acuerdo. El sector defensa presenta, en conjunto, entre el Ministerio y las entidades adscritas, un leve incremento en su presupuesto de inversión.

No afirmamos que el Gobierno Nacional no esté dispuesto a cumplir lo acordado en La Habana. El empeño puesto para llegar a un acuerdo final hace pensar que va a buscar mecanismos para cumplir, sobre todo en lo que tiene que ver con la orientación del gasto público. Para el efecto, tiene programada la presentación de una reforma tributaria que, de seguir los lineamientos de la Comisión de expertos para la equidad y competitividad tributaria, tendrá como eje central una elevación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 16% al 19%, con lo que serán los más pobres quienes financiarán las inversiones del posacuerdo.

Sobre esto hay que mantener la atención y, seguramente, la movilización para que sean los más pudientes, que, además, jugaron un papel clave en el conflicto armado con su paramilitarismo y sus ejércitos privados, los que asuman el costo de la paz.

* Investigador del CEIS.

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