Condenados militares por crímenes de Estado

Trece militares y un paramilitar condenados por secuestro simple y asesinato de dos campesinos en el Meta

Ramiro Orjuela, defensor de las víctimas de crímenes de Estado.

Ramiro Orjuela, defensor de las víctimas de crímenes de Estado.

Carolina Tejada

El drama de una madre en busca de justicia por el asesinato de su hijo a manos de algunos integrantes del Ejército Nacional en conjunto con grupos paramilitares llegaría a su fin tras diez años de incansable lucha.

El drama de Alicia Peña Montoya, una mujer enferma y de avanzada edad, llegó el 22 de marzo de 2006 en la vereda Caño Cafre, en el municipio de Puerto Concordia (Meta), cuando tropas del Ejército, del batallón Joaquín París Ricaurte, llegaron a su finca conocida como El Diamante. Con ellos se movilizaba un grupo de paramilitares, vestidos con uniformes de la tropa. Entre esos se encontraba un paramilitar que apodan Pescuezo. Ese día entraron a la casa de Alicia, la saquearon aparentemente buscando armas y a la guerrilla.

Al no encontrar nada, se dirigieron a las inmediaciones de la finca de la mujer. Allí abordaron a dos humildes campesinos que se encontraban arreglando una cerca, Arcadio Torres Peña, hijo de la señora, y Rosendo Holguín, trabajador de la finca.

Estos dos labriegos fueron ilegalmente detenidos por el Ejército, asesinados y luego reportados como guerrilleros dados de baja en combate en San José de Guaviare. Esta zona está ubicada a más o menos 90 kilómetros de donde fueron detenidos los dos campesinos.

El viacrucis de Alicia

Cuando esta mujer se dio cuenta de la situación y, al ver que los dos labriegos no regresaban, se dirigió caminando, sola, hasta el lugar donde por lo general permanecía el Ejército. Alicia reconoció a uno de los hombres que ingresaron a su casa, se trataba de un paramilitar que actuaba conjuntamente con el Ejército en esa zona. La mujer insistentemente preguntó por su hijo y el otro labriego, hasta que uno de los soldados le recomendó que se fuera del lugar, porque la podían matar también. Alicia, en medio de su desesperanza, se fue del lugar.

Luego de esta situación, esta mujer, con dificultades de salud y económicas, se dirigió con la esposa de su hijo a San José de Guaviare para denunciar la situación y averiguar en la Fiscalía, en el consejo penal militar y en la morgue. Las mujeres se enteraron que los dos hombres ya habían sido enterrados como NN. Los dos campesinos fueron exhumados y sus familias les pudieron dar sepultura.

Un largo proceso para encontrar justicia

VOZ dialogó con el abogado de las víctimas, Ramiro Orjuela, quien comenta que este largo proceso es similar a muchos que tienen que padecer miles de campesinos en defensa del buen nombre de sus seres queridos e incluso, en algunas ocasiones, por hallar los cuerpos para darles sepultura.

Afirma que, en este caso particular y después de que la madre de Arcadio interpusiera una denuncia en el Juzgado 60 de Instrucción Penal Militar y la personería del Municipio de Puerto Concordia, se adelantó un proceso de investigación en donde se pudo determinar, entre otros elementos, que “los dictámenes de Medicina Legal, así como las investigaciones de la Fiscalía, no encontraron nada que pudiera relacionar a estos dos campesinos con un grupo insurgente. Tampoco se encontraron elementos probatorios que los vinculara con los hechos señalados por el mismo Ejército, pues estos afirmaban que los dos hombres habían sido dados de baja en combate”.

Además, comenta que fue de gran importancia la colaboración con la Justicia de los lugareños, pues el “testimonio de campesinos que vieron a las tropas andando con los paramilitares y el testimonio de un hombre que estaba en calidad de guía del Ejército y quien reconoció que efectivamente ellos no murieron en el combate, sino que fueron detenidos, asesinados y desaparecidos, fueron de mucho valor para la investigación. Ese testigo clave, después de que dio sus declaraciones fue asesinado”.

Después de un largo proceso, el juzgado promiscuo del circuito de San José de Guaviare, en fallo que está en etapa de notificación, condenó a diez militares que participaron en el operativo a penas entre 30 y 45 años de cárcel: Miguel Alejandro Durango Durango, Sergio Alonso Cruz Gordon, Luis Euclides Ibarguen Messtra, Valentín Díaz Hernández, Carlos Alirio Alvarado Carrillo, Jhorman Said Montenegro Pachón, Anderson López Hurtado, Diego Fernando Mina Yonda, Luis Segundo Cano Gómez e Isidro Malaver Ahumada.

Por este mismo caso, el abogado Orjuela comenta que por su parte “otro juzgado, el cuarto especializado de la ciudad de Villavicencio, condenó a otros soldados y al paramilitar llamado Pescuezo por el mismo hecho. Así las cosas, se encuentran 12 militares condenados, un capitán con orden de captura que está huyendo de la Justicia y un paramilitar, todos por el mismo delito atroz”.

La sentencia afirma: murieron indefensos

Según afirma en la sentencia condenatoria el juzgado promiscuo del circuito de San José de Guaviare, “se puede concluir, sin vacilación, que los aquí acusados dieron muerte a los señores Arcadio Torres Peña y Rosendo Holguín Bohórquez, pero no en legítima defensa de la soberanía del Estado, pues no existió ninguna proporción entre la agresión por ellos señalada y la supuesta defensa, sin existir ataque antijurídico”.

Además, resaltan que toda la información concatenada a los hechos “demuestra la verticalidad que existe en las Fuerzas Militares en donde todo se realiza bajo la orden superior, hecho indicador que también provino de altos mandos (…) transmitida a rangos inferiores hasta llegar a quienes la materializan, los soldados (…). De ahí que se hable de coautoría, porque al existir una planeación y necesitar una orden para actuar los que participan en la misión, sobre todo sus comandantes, conocen la operación militar y las tareas, así de manera directa no las realicen (…)”.

Afirma la misma sentencia que de seguro serán investigados por separado. Frente a este proceso también se está investigando a los supuestos testigos presentados por el Ejército, pues estos estarían vinculados al cartel de los falsos testigos.

El Estado debe responder a las víctimas

Alicia Peña Montoya es una mujer de avanzada edad. A ella se le atribuye el hecho de que hoy se pueda hablar de justicia frente a la muerte del labriego y de su hijo, José Arcadio, quien dejó a una niña de cuatro años, su esposa y a sus dos padres desvalidos, pues era él quien respondía por su bienestar.

Según comenta Orjuela, el Ejército debe responder integralmente frente a este crimen, por eso “hemos presentado demandas ante el contencioso administrativo el cual ya condenó al Ejército a indemnizar a las víctimas por este crimen alevoso, cometido por el batallón Joaquín París”.

Finalmente, es preciso anotar que, por haber asumido la defensa de este caso, el abogado Ramiro Orjuela también fue señalado. “En las audiencias uno de los abogados de los militares me acusó a mí, como defensor de las víctimas, de ser el abogado de las FARC. Yo interpuse una demanda penal. El abogado se tuvo que retractar, pero el Consejo Superior de la Judicatura que es la sala disciplinaria y quien vigila a los abogados, lo condenó disciplinariamente con una amonestación severa por actitudes calumniosas en contra del representante de las víctimas”.

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