La paz es más barata

El país tendrá la oportunidad de implementar la paz con lo que cuestan dos meses de guerra

El coronel Willington Benítez y el comandante de las FARC Pastor Alape coordinando misiones de desminado en el Orejón, Antioquia.

El coronel Willington Benítez y el comandante de las FARC Pastor Alape coordinando misiones de desminado en el Orejón, Antioquia.

Redacción Política

Algunos analistas económicos han sugerido la tesis que la paz en Colombia puede resultarle onerosa los colombianos. Con el argumentos de que los excombatientes tendrán un salario mínimo y que los trabajadores, que no han tomado las armas, tienen apenas un salario, han logrado imponer una mentira con la pretensión de desanimar a los ciudadanos, en especial de las capitales del país, para que no apoyen el plebiscito por la paz.

Con los siguientes datos le contamos lo que realmente le puede costar la guerra a los colombiano y cuánto pagar por la paz: en la década perdida como son llamados los dos periodos presidenciales del exmandatario Álvaro Uribe, se configuró la política de seguridad democrática en la que se incrementó notablemente el rubro en los planes de desarrollo.

La persecución a las FARC-EP fue financiada a través del Plan Colombia en el que se incluía el gasto militar de las tropas estadounidenses en suelo colombiano y la actualización del stock bélico de las Fuerzas Militares. El costo anual de las operaciones militares de las tres fuerzas fue de 26 billones de pesos. Es decir 72 mil millones de pesos diarios.

El analista político Camilo González Posso, de Indepaz, señala que lo gastado por día en guerra, con cargo al presupuesto público, es igual a lo que gastan a diario tres millones de familias colombianas para comer, teniendo en cuenta que el 70% de los hogares pobres tienen ingresos por debajo del salario mínimo legal.

Los pertrechos para un soldado que patrulla por la selva de Colombia le pueden costar al país dos millones de pesos representados en su fusil, casco, botas, uniforme, insignias, maleta de campaña. Hay que tener en cuenta que entre la Fuerza Aérea, Armada Nacional y Ejército de Colombia hay 279 mil hombres de los cuales el 80% se encuentra en escenarios de guerra.

Y si a eso se le suma el mantenimiento de aeronaves, combustible para mover la logística necesaria de un Ejército en guerra y los costos adicionales de la política de seguridad democrática, como el pago de recompensas por positivos como los estímulos otorgados por el gobierno Uribe para fomentar los falsos positivos, las cifras desbordan cualquier tipo de austeridad fiscal en el gasto de una nación.

Por el contrario, la paz le constará al país la suma de tres días de guerra incluyendo el capital inicial de los proyectos de desarrollo regional en el que los excombatientes de las FARC-EP participarán, mayormente en las regiones de conflicto. Así como el mantenimiento del partido político que surja de los acuerdos como cualquiera de los otros trece partidos políticos con personería jurídica que hoy gozan de una financiación proporcional a las curules obtenidas en las últimas elecciones al Senado.

“Sumando todos los pagos que recibirán los excombatientes de las FARC, que estarán vinculados a cooperativas prestando servicios, se tiene una suma individual de $24 millones, lo que para diez mil excombatientes significa $240.000 millones”, señala Posso.

De las cifras anteriormente descritas se concluye que con el presupuesto de guerra por 15 días se pagará la reincorporación del pleno de las FARC a lo que han denominado el aparato productivo del país.

En cuanto a la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz y del sistema de Justicia, Verdad y Reparación, el país deberá pagar una cifra por el orden de 80 mil millones de pesos. Tal rubro estaría pensado en el mantenimiento de la unidad investigativa y las salas de magistrados a lo largo de una década. Es decir, que las víctimas queden reparadas por el principio de verdad, le saldría a los colombianos más barato que veinte operativos militares como los que se planeaban para perseguir a los miembros del Secretariado de las FARC.

En caso de no ratificarse los acuerdos de paz y que el país tenga nuevamente y por al menos dos décadas que resarcir a las futuras víctimas puede llegar a costarle por año u a los colombianos unos 650 mil millones de pesos. Cada cuatrienio los colombianos deberán destinar cuatro billones de pesos para las compensaciones administrativas que se desprenden de la guerra.

En la reciente publicación del investigador Diego Otero Prada, llamada Gasto de Guerra en Colombia, se registra el exceso de gasto en seguridad y defensa que se ha tenido en Colombia como resultado de las acciones de guerra antiinsurgente entre 1964 y 2016.

A la pregunta “¿quién paga la guerra?”, la respuesta es contundente: Los contribuyentes que son todos los colombianos con capacidad para pagar el impuesto al valor agregado y los grandes contribuyentes bajo las reformas tributarias que tienen apellidos como el impuesto a la guerra. Entre los argumentos para votar el no, el Centro Democrático no le ha explicado al país de donde saldrá la plata para costear la guerra si es que el Gobierno Santos presenta una reforma tributaria a finales del mes de octubre con el fin de recolectar tres billones de pesos destinados a apaciguar el hueco fiscal que vienen sufriendo desde hace un quinquenio. Es decir una reforma tributaria que no está destinada a pagarle a las FARC su partido político sino para poner a tono al país con las reglas de la OCDE.

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