El fin de la guerra

El Acuerdo de La Habana no resuelve los graves problemas del país, pero en todo caso abre la posibilidad para los cambios de fondo en la vida nacional en clave de la Asamblea Nacional Constituyente, que adopte reformas estructurales políticas, económicas y sociales.

Momento de la firma del Acuerdo Final, el pasado 26 de septiembre en Cartagena, entre Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez. Foto Juan Pablo Bello - SIG / Presidencia de la República.

Momento de la firma del Acuerdo Final, el pasado 26 de septiembre en Cartagena, entre Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez. Foto Juan Pablo Bello – SIG / Presidencia de la República.

Editorial del Semanario VOZ

El 26 de septiembre de 2016 quedará en la memoria de los colombianos como un día histórico en el que fue sepultada para siempre la confrontación armada entre el Estado y la guerrilla de las FARC-EP, después de 52 años de guerra no exentos de hechos cruentos y trágicos que afectaron a millones de colombianos.

Fue un largo conflicto de raíces políticas, económicas y sociales y precisamente por eso no tuvo solución por la vía militar como lo buscaron con afán todos los gobiernos desde 1964 hasta nuestros días. Fracasaron los planes militares, varios de ellos diseñados por el Pentágono de los Estados Unidos, cuyos gobiernos no escatimaron recursos ni intervenciones con la pretensión de someter a las guerrillas colombianas, en particular a las FARC-EP. Al final no hay vencedores ni vencidos. Triunfó la razón, la vía del diálogo y del acuerdo político para remover las causas de la confrontación.

La firma del Acuerdo Final de La Habana, en Cartagena de Indias, es un hecho histórico, trascendental para el país, América Latina y el mundo. Lo refleja el amplio apoyo nacional y la presencia en el acto de quince mandatarios, del Secretario General de la ONU y de altos funcionarios de organizaciones internacionales y regionales multilaterales.

El documento de 297 páginas contiene los acuerdos concretos sobre cada uno de los seis puntos de la agenda que discutieron las delegaciones del Gobierno y la guerrilla en La Habana, con la asistencia de los países garantes, Cuba y Noruega, y acompañantes, Venezuela y Chile. Apunta a remover causas que originaron el conflicto y que tienen que ver con el problema agrario y la estrechez de la democracia, así como con los temas de las drogas ilícitas, las víctimas, el fin de conflicto y la refrendación e implementación de los acuerdos. Son la base para una paz que fortalezca la democracia y genere mejores condiciones sociales en el campo y la ciudad.

El Acuerdo de La Habana no resuelve los graves problemas del país y mucho menos elimina el modelo económico de hambre y miseria impuesto por el capital en favor de la clase dominante burguesa y plutocrática, así como de las transnacionales y del imperialismo. Pero en todo caso abre la posibilidad para los cambios de fondo en la vida nacional en clave de la Asamblea Nacional Constituyente, que adopte reformas estructurales políticas, económicas y sociales.

En este sentido, es imprescindible un gran movimiento democrático, amplio y alternativo, que modifique la correlación de fuerzas en favor de los intereses populares. Solo así podrá abrirse el camino hacia los cambios de fondo en la vida nacional. Es la convergencia democrática de fuerzas avanzadas la que puede asegurar el respeto por el Acuerdo Final de La Habana y proyectarlo en función del paso a un nuevo estadio de la vida nacional sobre la base de cambios democráticos y sociales en beneficio del pueblo colombiano.

De estos temas se ocupó la X Conferencia Nacional Guerrillera, que ratificó los acuerdos suscritos con el gobierno de Juan Manuel Santos y sentó las bases para el nuevo movimiento político al que hará tránsito en las nuevas condiciones de garantías democráticas.

El Gobierno Nacional tendrá que cumplir los acuerdos. Los ojos del mundo están vigilantes para que así sea. Además del compromiso, consignado en el acuerdo, de promover un pacto político para implementarlos y lograr la pronta aprobación en el Congreso mediante la aplicación del fast track como vía rápida.

Queda pendiente el diálogo con el ELN. El Gobierno debe dejar la actitud dilatoria y de condicionamiento que retrasa el comienzo de las conversaciones. El comandante del ELN, Nicolás Rodríguez, ha dicho que su organización está lista y preparada para el diálogo, por consiguiente debe comenzar ya, en el entendido que la paz es integral y debe incluir a todas las guerrillas.

Y a votar el 2 de octubre por el SÍ en el plebiscito.

Comments are closed.