Un acuerdo para la apertura democrática

Notas sobre el “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”

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Hernando López

Muchas personas hoy hablan del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, texto de 297 páginas con el cual se selló en definitiva el conflicto armado interno de 52 años, que enfrentó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Ejército del Pueblo- (FARC-EP) con el Estado, debido a causas profundas del orden político, económico y social.

Aunque algunas personas, desde la oposición a la paz y desde la campaña del no en el plebiscito, dicen que lo han leído y lo citan con derroche de autoridad, recitando frases o decisiones falsas o estableciendo “verdades” con sesgo perverso para quitarle la esencia a lo que se quiere decir, lo cierto es que el Acuerdo Final es un texto único doctrinario, como lo calificó este semanario, que consigna un conjunto de acuerdos logrados y precisos en el detalle, resultado de cuatro años de discusión y de debate para llegar al consenso y a la redacción precisa del compromiso bilateral para despejar el camino a la paz estable y duradera.

Contrario a lo que dicen los opositores de cualquier orilla, el cuerpo de las 297 páginas, en el orden de la aprobación de la agenda contenida en el Acuerdo de La Habana, en agosto de 2012, abarca una serie de aspectos políticos, sociales y económicos que significan la apertura democrática en Colombia y modifica buena parte de las causas que le dieron origen al conflicto y, en la perspectiva en clave de reformas avanzadas, crea la posibilidad hacia el futuro inmediato de transformaciones de mayor profundidad en el país.

Sin caer en el “santanderismo”, tendencia reglamentista de cada decisión o norma consagrada en la Constitución, en la ley, en un decreto o en un acuerdo, cada punto del texto está acompañado de una guía precisa para su ejecución o implementación sin desmedro de las leyes o decretos indispensables para darles fuerza legal después del 2 de octubre cuando la mayoría del país votará sí a la paz y al Acuerdo Final de La Habana.

Una paz digna

Es el logro de una paz digna, sin vencedores ni vencidos. Como lo dice la introducción del propio acuerdo, “su ejecución pondrá fin de manera definitiva a un conflicto armado de más de cincuenta años”. En el compromiso de darle fuerza a la legalidad del mismo, más allá de su refrendación plebiscitaria, ambas partes consignaron que se trata de un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 (Acuerdo Final, ver página 3).

Para los despistados críticos del acuerdo, que con toda seguridad no lo han leído, sino que repiten como loros las falacias de los detractores, reproducimos dos párrafos de la introducción:

“El fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia. Se trata de dar inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de nuestros territorios, una mayor inclusión social –en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido el conflicto- y a fortalecer nuestra democracia para que se despliegue en todo el territorio nacional y asegure que los conflictos sociales se tramiten por las vías institucionales, con plenas garantías para quienes participen en política”.

“El Acuerdo está compuesto de una serie de acuerdos, que sin embargo constituyen un todo indisoluble, porque están permeados por un mismo enfoque de derechos, para que las medidas aquí acordadas contribuyan a la materialización de los derechos constitucionales de los colombianos: por un mismo enfoque diferencial y de género, para asegurar que la implementación se haga teniendo en cuenta la diversidad de género, étnica y cultural, y que se adopten medidas para las poblaciones y los colectivos más humildes y más vulnerables, en especial los niños y las niñas, las mujeres, las personas en condición de discapacidad y las víctimas; y en especial por un mismo enfoque territorial” (Acuerdo Final, ver página 4).

Como ya se dijo es un documento doctrinario, que establece los acuerdos concretos y los enmarca en una serie de juicios y valoraciones políticas y éticas, que ambas partes deben acatar, respetar y cumplir porque, además, por decisión soberana pasan a ser parte del ordenamiento legal colombiano como lo indicó la Corte Constitucional al darle viso de legalidad a la convocatoria del plebiscito. Favorece a los más humildes, a los más explotados por la “dictadura del capital”, a los luchadores populares víctimas de la antidemocracia y de la violencia del poder dominante.

El Acuerdo Final

En el colofón de la introducción del Acuerdo Final aparece un apretado resumen de lo acordado en cada uno de los puntos, a saber:

“El Acuerdo Final contiene los siguientes puntos, con sus correspondientes acuerdos, que pretenden contribuir a las transformaciones necesarias para sentar las bases de una paz estable y duradera.

Política de desarrollo agrario integral

El Punto 1 contiene el acuerdo “Reforma Rural Integral”, que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La “Reforma Rural Integral” debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía.

Participación Política

El Punto 2 contiene el acuerdo “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”. La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política.

En especial, la implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todas y todos los colombianos a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación.

Fin del Conflicto

El Punto 3 contiene el acuerdo “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas”, que tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el Cese, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final y la dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.

Contiene también el acuerdo “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses”. Sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera requiere de la reincorporación efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del país. La reincorporación ratifica el compromiso de las FARC-EP de cerrar el capítulo del conflicto interno, convertirse en actor válido dentro de la democracia y contribuir decididamente a la consolidación de la convivencia pacífica, a la no repetición y a transformar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio.

El Punto 3 también incluye el acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.

Para cumplir con este fin, el acuerdo incluye medidas como el Pacto Político Nacional; la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; la Unidad Especial de Investigación; el Cuerpo Élite en la Policía Nacional; el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y las Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción.

Solución al problema de las drogas ilícitas

El Punto 4 contiene el acuerdo “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. Para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas. Para lo cual se promueve una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género.

Víctimas

El Punto 5 contiene el acuerdo “Víctimas”. Desde el Encuentro Exploratorio de 2012, acordamos que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo. El acuerdo crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros.

El Sistema Integral está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; las Medidas de reparación integral para la construcción de la paz; y las Garantías de No Repetición.

Implementación, refrendación y verificación

El Punto 6 contiene el acuerdo “Mecanismos de implementación y verificación” en el que se crea una “Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias”, integrada por representantes del Gobierno Nacional y de las FARC-EP con el fin, entre otros, de hacer seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento, servir de instancia para la resolución de diferencias, y el impulso y seguimiento a la implementación legislativa.

Adicionalmente crea un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional contribuya de distintas maneras a garantizar la implementación del Acuerdo Final y en materia de verificación se pone en marcha un modelo con un componente internacional integrado por los países que durante el proceso han tenido el papel de garantes y acompañantes y dos vocerías internacionales, todo ello soportado en la capacidad técnica del Proyecto del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos”.

(Hasta aquí el resumen de la Introducción).

Posibilidades de un nuevo poder

En este contexto son parte del acuerdo la creación del Fondo de Tierras, la formalización de los títulos, la aplicación del catastro rural, delimitación de la frontera agrícola, la protección del medio ambiente, desarrollo rural con enfoque territorial, inversión en infraestructura, productividad y empleo formal y seguridad alimentaria; derechos y garantías para el ejercicio de la oposición, mecanismos de participación ciudadana, garantías para los movimientos sociales, respeto a la movilización y a la protesta democrática, ejercicio del pluralismo, reforma política y electoral y curules para las regiones, participación de la mujer y sus derechos.

De la misma forma, el Estatuto de la Oposición, la reforma electoral y otras reformas políticas ya en elaboración, así como las recomendaciones sobre la seguridad y el paramilitarismo, que ya cuenta con una comisión especial de la cual hace parte Jaime Caycedo, Secretario General del Partido Comunista Colombiano; también la erradicación manual de los cultivos de uso ilícito, por eso es improcedente la maniobra del Fiscal para imponer la aspersión aérea; es clave el pacto político, llamando a todos los partidos y organizaciones sociales para respaldar los acuerdos y velar por su implementación lo que no supone apoyo alguno, menos participación, al gobierno de Juan Manuel Santos.

Los acuerdos incluyen las garantías para la participación política de las FARC, convertidas en partido o movimiento político, curules para velar por la aprobación de las leyes que implementan los acuerdos, la amnistía y el indulto y la protección de sus voceros públicos.

Como se puede apreciar en este rápido barrido son acuerdos de fondo, orientados a fortalecer la democracia y las condiciones de vida en el campo y la ciudad. Sobre todo generan condiciones para la lucha democrática y popular, la unidad de la izquierda y sectores populares, como nunca se abre la posibilidad, en las nuevas condiciones, de forjar un nuevo movimiento alternativo y de convergencia con opción de poder, para impulsar transformaciones profundas estructurales en la vida nacional.

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