Continúa desidia con habitantes de calle en Bogotá

A pesar de no existir una política pública clara desde la Administración para atender esta situación, hoy se les persigue y continúan los desalojos en cada sitio en donde se reubican.

Aumenta la indigencia en Bogotá.

Aumenta la indigencia en Bogotá.

Desde que la administración de Peñalosa decidió desalojar el Bronx, han sido diversas las manifestaciones públicas de vecinos de las localidades del centro de la ciudad, como lo son La Candelaria, Santa Fe, Mártires y Puente Aranda han venido haciendo ante la preocupación de la presencia masiva de habitantes de calle. Además se estima que para este último año se han incrementado las cifras de personas en condición de indigencia, cifras que superarían las de 2015, que estaban por encima de 13 mil habitantes de calle, comparados con los nueve mil que había en la capital en el 2011.

Esta población indefensa después del desalojo del Bronx, el pasado 27 de mayo, ha deambulado por la ciudad intentando encontrar un sitio de resguardo. Los puentes y calles cercanas a la zona del centro son los principales lugares de concentración. Sin embargo, y a pesar de no existir una política pública clara desde la Administración para atender esta situación, hoy se les persigue y continúan los desalojos en cada sitio en donde se reubican.

Una administración desconectada con la situación

Mientras la ciudadanía pide que se atienda de manera humanitaria y como un problema de salud pública esta realidad social, concejales y parte de la Administración de Bogotá acuden a situaciones facilistas y ponen en una condición de vulnerabilidad a quienes, por un problema de salud pública, se mantienen en la calle.

El concejal Pedro Santiesteban, del Centro Democrático, se atrevió a proponer que para solucionar el incremento de palomas en la Plaza de Bolívar y por otro lado el hambre de las personas en indigencia, se debía promover que los habitantes de calle se puedan alimentar con carne de paloma. “La carne de esas palomas nos servirían para mitigar el hambre de muchos pobladores de la ciudad, por ejemplo, los mismos pobladores del Bronx”, aseguró durante una sesión en el cabildo de la ciudad.

Por otra parte la personera distrital, Carmen Teresa Castañeda, ha venido informando públicamente que se viene presentando una situación que pone en riesgo la vida de este amplio sector. La personera asegura que existen varios reportes de funcionarios de esta entidad en donde se señala que a los habitantes de la calle les están suministrando comida con veneno. Esta denuncia se presentó en un debate en el Concejo de Bogotá.

“Hemos tenido conocimiento, por los medios en los que están funcionarios de la Personería atendiendo a los habitantes de calle, que a través del suministro indiscriminado de alimentos a estas personas les están introduciendo veneno y sustancias nocivas”, afirmó la personera. Así mismo indicó que “lo único que queremos hacer es convocar a la tolerancia, a la solidaridad, a que respetemos los derechos de estas personas”.

La sevicia ante un problema social

Lo que evidencia que ante la ausencia de una política que atienda dicho fenómeno desde el Gobierno distrital, la gente está empezando a tomar soluciones drásticas que atentan contra la humanidad de quienes deambulan por la calle.

Mientras tanto Peñalosa insiste en que no es posible realizar una estrategia clara de atención frente al alto nivel de consumo de droga de los habitantes de calle. Este argumento de la Alcaldía se para en lo mencionado en la sentencia T-043 del 4 de febrero del 2015. En ella se afirma: “Es solamente a este -habitante de la calle- a quien le corresponde decidir de manera autónoma si opta o no por el tratamiento que sea dispuesto por el médico o si decide tomar parte en los distintos planes de integración social promovidos por las entidades competentes”.

La indigencia como problema de salud pública

Mientras los argumentos de la Administración se cierran aquí, sectores sociales llaman la atención y exigen que, ante la magnitud de la problemática, se adelanten iniciativas que correspondan con un principio humano. Aunque existe otra sentencia del alto tribunal, la T-684 de agosto del 2002, en la cual se menciona: “Cuando además de las condiciones de pobreza las capacidades físicas o psíquicas que permiten la autodeterminación de la persona en estado de indigencia se han visto disminuidas, surge un deber de atención a esta por parte del Estado de dirigir su conducta al apoyo de este miembro de la sociedad”.

Muchos indigentes incluso han pedido una reubicación, la cual incluso se ha pensado hacer en fincas en Sumapaz, en Cundinamarca y Chocó, lo cual aumenta el descontento de la ciudad y de quienes hoy insisten en una intervención responsable como un caso de salud pública. Mientras las excusas de la Administración continúan para asumir su responsabilidad, su intervención sigue siendo la de la persecución y la brutalidad policial, la tumbada de cambuches, entre otros. Mientras tanto se espera que el Estado realice programas que contrarresten el consumo de drogas y se lideren iniciativas públicas para frenar el aumento de las personas en condiciones de indigencia.

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