Cuerpos excluidos, rostros de impunidad

La comunidad Lgbti presenta un informe sobre la violencia en contra de este sector en Colombia

Marcha de la diversidad en Bogotá. Foto Carolina Tejada.

Marcha de la diversidad en Bogotá. Foto Carolina Tejada.

Nixon Padilla

En medio del debate generado por sectores del fanatismo religioso sobre la “ideología de género” en los acuerdos finales entre el Gobierno y las FARC-EP, se presentó el pasado 14 de octubre en el Centro Cultural Gabriel García Márquez de Bogotá, el Informe de violencia contra personas Lgbti en Colombia “Cuerpos excluidos, rostros de impunidad”, elaborado por las organizaciones Caribe Afirmativo, Colombia Diversa y Santamaría Fundación.

El informe hace visible que en 2015, 110 personas Lgbti fueron víctimas de homicidio, sumando 405 casos en cuatro años, de los cuales el 39%, al menos, estuvieron motivados por su orientación sexual o identidad de género, siendo Bogotá, Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca donde los hechos tuvieron más ocurrencia.

La mayor prevalencia de asesinatos se dio sobre hombres gays con 52 casos, siguiéndole el de mujeres transgéneros con 32 hechos de sangre y 11 contra mujeres lesbianas. Llama la atención que casi el 10 % de los asesinatos reportados sean de personas defensoras de derechos humanos de las personas Lgbti, sumando en este caso 21 homicidios en los últimos cuatro años.

El nivel de impunidad de los casos de homicidios es escandaloso, con cerca del 95%, siendo el prejuicio de jueces y fiscales la mayor dificultad para el acceso a la Justicia. Aún se siguen señalando este tipo de homicidios como “violencia pasional” que, como en el caso de las mujeres, sugiere un hecho privado e íntimo y no una acción relacionada con el odio y la discriminación por su orientación sexual o identidad de género.

El reporte presentado indica que la violencia policial se ensaña de manera especial y sistemática contra las mujeres transgéneros, con un 80% de lesiones personales. La situación contra la mujeres transgéneros es agravada por la particular represión contra quienes hacen ejercicio de trabajo sexual en calle, o viven en situación de habitabilidad en calle, convirtiéndolas en las más vulnerables al abuso policial.

A pesar de las advertencias de la Corte Constitucional contra la limitación del disfrute del espacio público, que en la práctica imponen autoridades policiales de manera selectiva a las personas Lgbti, se siguen presentando casos de expulsión, detención o multas con el argumento de castigar la práctica de “actos obscenos”, siendo en su mayoría actos de afecto permitidos a personas heterosexuales, como besos, caricias o tomarse de la mano en público. Las intervenciones policiales van acompañadas, de manera indefectible, de agresiones verbales homofóbicas y amenazas de uso de armas de dotación.

El 50% de las investigaciones disciplinarias o judiciales se han cerrado sin mayor claridad de las razones de las medidas adoptadas. Esta situación de impunidad desalienta la denuncia, además de que las garantías para la misma son inexistentes.

La vida de las personas Lgbti en lugares de presencia de grupos armados es angustiante. El control social que buscan ejercer en los territorios, sumado a los prejuicios, han hecho de esta población víctima de amenazas mediante panfletos en los que se relaciona a las personas Lgbti como fuente de delincuencia, inmoralidad y hechos delictivos. Buena parte de las amenazas van dirigidas a personas visibles por su activismo como defensoras de derechos humanos. El departamento donde más se han reportado este tipo de amedrentamientos es Bolívar y los grupos vinculados al paramilitarismo y las Bacrim sus mayores ejecutores.

Según el informe, el conflicto armado afectó de manera especial a las personas LGBT, siendo el homicidio, el desplazamiento forzado y las amenazas los actos que más sufre esta población, siendo el rearme de grupos paramilitares un factor de agudización en algunas regiones del país. La respuesta del Estado, cuando existe, es limitada por los prejuicios de quienes deben recibir y gestionar las denuncias, así como las valoraciones morales que tienen algunos operadores de justicia.

El cuadro presentado en este informe sería suficiente para demostrar la importancia y pertinencia de incluir en el enfoque diferencial y de género del acuerdo final entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, a las personas Lgbti. Son hechos y realidades que una parte del país quiere desconocer, pero que el dolor, dignidad y movilización de las víctimas no permiten olvidar.

Fuente: http://colombiadiversa.org/ddhh-lgbt/#prettyPhoto

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