Propuestas insensatas

Con un documento de 27 páginas la derecha colombiana pretende dejar sin piso los acuerdos de La Habana. Uribe bloquea la paz

Juan Carlos Vélez y Álvaro Uribe en campaña por el No.

Juan Carlos Vélez y Álvaro Uribe en campaña por el No.

Redacción política

“Quiero despertar a millones de colombianos que tienen esperanzas en estas reuniones. Aún siguen lejanas las posturas del Sí y el No”, dijo Armando Benedetti después de ser nombrado uno de los negociadores por el Gobierno nacional en la mesa que se instaló para analizar las propuestas del “No”. Y razón tiene el senador y copresidente de la U, si tenemos en cuenta los lineamientos suscritos por el Centro Democrático en el documento Bases de un Acuerdo Nacional de Paz.

La estrategia del Centro Democrático es terminar, en un golpe de mano, con el acuerdo de La Habana y extender el mayor tiempo posible el debate político y jurídico por el que atraviesa el país hasta iniciar la campaña política de 2018 y poner en el partidor presidencial a uno de sus cuadros para volcar el futuro de Colombia a la guerra.

Propiedad privada

La primera advertencia hecha por el Centro Democrático es que no se permita la afectación a la propiedad privada pues, de acuerdo a ellos, se encuentra en peligro en dos sentidos: de una parte por el empoderamiento del concepto economía campesina en la reforma agraria integral del primer punto en los acuerdos, y por otro, el peligro que sugiriere la política de restitución de tierras, fondo de tierras y baldíos.

En cuanto a lo primero, señala el Centro Democrático: “Una reforma integral debe reconocer la existencia de la producción empresarial de mayor escala, su importancia dentro del desarrollo rural y la economía nacional, y también la obligación del Estado de promoverla dentro de condiciones establecidas”. Y a renglón seguido expresa sus reparos frente a la política de restitución de tierras que según esa colectividad está persiguiendo a los poseedores de buena fe, aquellos que durante e inmediatamente después de la presencia de bloques paramilitares que desplazaron a los legítimos propietarios se hicieron con la tierra y hoy reclaman ser compradores de buena fe.

“Sin prevención alguna, el Gobierno debe revisar las distorsiones de la ley 1448 de 2011 en su componente de restitución de tierras, entre ellas la figura de los “compradores de buena fe no exentos de culpa”, que no solo encierra una contradicción intrínseca, sino que atenta contra el derecho a la legítima propiedad de la tierra. El análisis de contexto no puede servir de prueba para señalar la culpa a los propietarios de buena fe”, señaló el exsenador Uribe en su documento.

Baldíos

Llama la atención un tema al que los líderes del “No” le ponen acento, los baldíos. De acuerdo a la interpretación de la derecha colombiana el fondo de tierras que se alimenta de terrenos baldíos debe excluir aquellas tierras que fueron baldías y que hoy, de acuerdo al Centro Democrático, tiene poseedores legítimos. “El Gobierno caracterizará con precisión el concepto de baldío de la Nación y los procesos de su conversión a propiedad privada a partir de la ocupación de buena fe” señala el acuerdo.

Lo que quiere decir es que la propiedad de las tierras baldías ocupadas de buena fe dentro de los tiempos que prescribe la ley será respetada y formalizada, y esos predios no harán parte del Fondo de Tierras. Los acuerdos no deben afectar propietarios o poseedores honestos, cuya buena fe debe dar presunción, no desvirtuable, de ausencia de culpa. La pregunta es cuántas hectáreas de tierra registradas como baldíos se encuentran en manos de financiadores del “No”, narcotraficantes o empresarios, obtenidas de manera ilegal.

La finalidad de los acuerdos de La Habana en lo que se relaciona con el punto agrario es darle una transformación radical a ese sector. Para ello se hace imperativo poner en marcha una nueva institucionalidad que pueda entregarle la garantía de ejecución a los planes y programas de mejoramiento y desarrollo del campo colombiano. A eso la derecha colombiana se niega exigiendo que el acuerdo se adecue a la institucionalidad existente en el país. Esa misma, paquidérmica e ineficiente, responsable de no cumplir, por ejemplo el mandato legal de la ley 160 de 1994.

El mundo

Por todo lo anterior es que el mundo le reclama a Álvaro Uribe, mediante editoriales como el del New York Times, que no bloquee la paz y los acuerdos de La Habana. Todas las peticiones que enmarcan el documento del Centro Democrático se perfilan dañinas para el pleno de los acuerdos en cada uno de los puntos de la agenda para la paz estable y duradera.

“Después del plebiscito, Uribe hizo una serie de peticiones poco realistas sobre el acuerdo con las FARC, como deshacerse del sistema de justicia transicional y del tribunal especial al corazón del acuerdo. El tribunal ofrecería amnistía a los combatientes de mayor rango y castigaría con benevolencia a los guerrilleros que confesaran crímenes graves”, señala el editorial en el diario neoyorquino que el mundo aplaudió.

Desde La Habana

Por su parte desde la mesa de conversaciones se ha reconocido a quienes se pronunciaron en favor del “No”, por estrecho margen. No obstante, dice el comunicado conjunto: “En el marco de las facultades presidenciales que otorga la Constitución Política es conveniente que sigamos escuchando, en un proceso rápido y eficaz, a los diferentes sectores de la sociedad, para entender sus preocupaciones y definir prontamente una salida por los caminos señalados en la sentencia de la Corte Constitucional C-379 de 2016. Las propuestas de ajustes y precisiones que resulten de ese proceso, serán discutidos entre el Gobierno nacional y las FARC-EP para dar garantías a todos”.

De lo que se trata es de escuchar las inquietudes, analizar las interpretaciones al acuerdo después de una campaña colmada de falsas afirmaciones y aclarar lo que sea necesario, pero no cambiar de un plumazo el espíritu del acuerdo en su integralidad e intentar desconocer lo que las partes han denominado: el mejor acuerdo posible.

Acuerdo ya

En eso coinciden voces como la de la presidente de la Unión Patriótica Aída Avella, desde Ibagué: “Los señores del No, no los nombro porque ustedes los conocen, están diciendo que debe respetarse la propiedad privada. ¿Cuál propiedad privada? ¿La que hicieron con los paramilitares? La tierra despojada a los campesinos pobres, la tierra no la despojaron a los terratenientes, la tierra se la quitaron a los campesinos pobres”.

La ciudadanía reclama una pronta salida a la crisis provocada por la victoria del “No” y el interés de la derecha en mantener en el limbo el acuerdo de La Habana. El único responsable, como dice el editorial del diario estadounidense, de ocurrir una tragedia violenta en los escenarios de guerra “Uribe sería a quien tendríamos que culpar”.

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