Nuevos lobistas de multinacionales. Procuraduría contra consultas populares

En una inusual comunicación, el Ministerio Público rechaza las consultas populares, argumentando lo costosas y lo inoficiosas para la economía extractiva del país

Por: Hernán Camacho

La Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Martha Isabel Castañeda Curvelo, acaba de enviarle una misiva al Ministerio de Hacienda, sentando su posición sobre las consultas populares sobre la explotación minero energética en los territorios.

Lo sorpresivo de la comunicación es la oposición que el Ministerio Público adopta frente a las consultas previas, argumentando, la situación fiscal del país, los costos del barril del petróleo y sus consecuencias sobre las finanzas públicas, el valor de las consultas y lo inconveniente para la inversión extranjera que se le pregunte a los ciudadanos el destino de sus territorios.

Razones de la Procuraduría

“Con ocasión del fuerte descenso de los precios internacionales del petróleo y la alta reducción de la producción interna por los bloqueos a las empresas explotadoras y productoras de crudo, la economía nacional ha sufrido una baja sensible afectando, entre otros aspectos, el recaudo por concepto de regalías. De llevarse a cabo las consultas populares para prohibir las mencionadas actividades extractivas el impacto en las finanzas públicas sería aún mayor y la reforma tributaria estructural que el gobierno nacional adelanta “pasaría a ser una simple reforma más para tapar el grave hueco fiscal”, señala la misiva del Ministerio Público.

Plaza Murillo Toro en Ibagué, punto de encuentro de marchas en rechazo a la minería.

Plaza Murillo Toro en Ibagué, punto de encuentro de marchas en rechazo a la minería.

Pero no se detiene allí. La Procura­duría advierte que la preparación de las jornadas de consulta al pueblo le saldría al país muy costosa debido a que casi en todo el territorio nacional se adelantan proyectos de explotación y en cada uno de ellos hay un comité promotor de la consulta, que pretende negarse a que en su territorio se imponga la explotación minera: “El Grupo Asesor expresó su preocupación ante la posibilidad de que se generalicen las consultas populares en el país, pues más del 50% de los municipios cuentan con industrias mineras o petroleras, y “¿si estas decidieran convocar la consulta para decidir si aprueban o vetan la realización de la industria en sus territorios, hasta donde se afectaría el presupuesto nacional?”, señala la Procuraduría en la carta fechada el pasado 1 de noviembre.

Reacciones

La Procuraduría sustenta su petición, citando el caso concreto de la  ciudad de Ibagué, y señala: “Se advierte además que cada consulta popular que se quiera realizar con el propósito de aprobar o no alguna de las formas de la industria extractiva en sus territorios, demanda una importante inversión de recursos públicos, como lo manifestó el propio registrador delegado en lo Electoral, quien señaló que para poner en marcha el mecanismo de participación ciudadana de la ciudad de Ibagué, se requirieron más de 540  millones de pesos”.

Justamente la capital del Tolima tenía programada un consulta respecto al permiso que daría la comunidad para explotar las minas que tienen en su jurisdicción. El alcalde de la ciudad, Guillermo Alfonso Jaramillo, había convocado para el 30 de octubre la consulta minera y el Tribunal Administrativo del Tolima avaló su realización, pero el Consejo de Estado obligó a detener el proceso, argumentando inconvenientes en la pregunta. Hoy la ciudad no tiene claro si le preguntarán sobre la suerte de su territorio.

Miguel Hernando Moreno Arcinie­gas, uno de los voceros de Jóvenes por el No a la Minería en Ibagué, señaló que la Procuraduría va en contravía de la Constitución y pretende llevarse por delante los derechos de los ciudadanos. “Con la sentencia C-035 de 2016 faculta a los municipios para intervenir en temas relacionados con el extractivismo de recursos naturales, sobre todo cuando en Ibagué y sus alrededor se siguen concediendo títulos mineros”, indicó.

Papeleta de consulta en Piedras, Tolima.

Papeleta de consulta en Piedras, Tolima.

Para los ibaguereños es fundamental que les consulten sobre la utilización del suelo y las riquezas naturales, sobre todo si esta decisión le afecta las 161 fuentes hídricas que alimentan el departamento. “La consulta popular debe ir en Ibagué y en Cajamarca porque se afectan las fuentes hídricas vitales para la ciudadanía, vulnerando el derecho a un medio ambiente sano y a la vida en conexidad con el derecho a la salud. Por sus probados daños a la salud de las personas, por los elementos químicos que se utilizan, han querido parar la consulta popular en Ibagué con el argumento de la pregunta mal formulada. Lo que no quiere decir que el mecanismo como tal pierda la validez. Desde todos los sectores se ha pedido celeridad al Consejo de Estado y en eso estamos. Pero la pedagogía y movilización no se ha congelado, al día de hoy se sigue dialogando con los ibaguereños. Y sobre esa base se sigue construyendo”, concluyó Hernando Moreno.

Los antecedentes

Es de recordar que la Procuraduría, en el periodo de Alejandro Ordóñez, tiene antecedentes de desconocer las decisiones soberanas de los ciudadanos. En la población de Piedras, Tolima la oposición de la Procuraduría llegó hasta abrir una investigación contra el alcalde de la población, Arquímedes Ávila y ocho concejales argumentando extralimitación de su cargo. En aquella ocasión Ávila señalaba que la investigación en su contra nacía por cumplir la ley en lo que respecta a las consultas populares.

En los primeros días del pasado mes de septiembre la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública archivó dicha investigación y dejó sin argumento el señalado por la empresa minera Anglogold Ashanti Colombia contra los funcionarios públicos. Sin embargo, la historia no termina allí dado que el Grupo de Asesores en Minas, Hidrocarburos y Regalías de la Procuraduría solicitaron desarchivar la investigación y dejar en manos de la Procuradora General, Castañeda Curvelo, la decisión final. La misma procuradora que se opone a las consultas populares.

Procuraduría prevaricadora

Otro de los comités de impulso a la consulta es No en Ibagué a la Mina. Renzo García le dijo a VOZ que la visión de la Procuraduría es incoherente y que ésta se convirtió en lobista de empresas mineras y un dependencia del ministerio de Minas y Hacienda: “La Procuraduría desconoce los preceptos, la jurisprudencia y las normas nacionales y  reta a la Corte Constitucional que recientemente señala sobre las consultas populares que son los municipios los competentes para definir su desarrollo económico, social, territorial y cultural. Así como destacar la autonomía de sus territorios. Ese comunicado es un desconocimiento claro a la Constitución”, puntualizó Renzo García.

La procuraduría, desde la destitución de Alejandro Ordóñez ha venido cambiando la tendencia histórica del Ministerio Público de estar del lado de los ciudadanos en la protección de sus derechos, en contra de las afectaciones producidas por la explotación minera. Ahora la línea de conducta es desconocer la ley 136 de 1994 y servir de agente oficioso a los intereses de las empresas multinacionales mineras.

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