Condena internacional por asesinatos a defensores de derechos humanos

Los actos de violencia y otros ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad

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Redacción DD.HH.

Desde Washington, D.C, a inicios del mes de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, expresó su preocupación por el aumento de asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos en el país, en los últimos meses del presente año.

El incremento de las violaciones

Si bien las violaciones a los DD.HH. en contra de este importante sector social han mermado en relación al número de violaciones del año pasado, según menciona la CIDH, “resulta de especial preocupación para esta Comisión que, de acuerdo a organizaciones de la sociedad civil, durante los últimos meses los asesinatos de personas defensoras hayan incrementado”.

Según los mismos informes de las organizaciones sociales, particularmente de “Somos Defensores”, quienes han adelantado estas denuncias a nivel nacional e internacional, 19 defensores y defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios fueron asesinados entre julio y septiembre de 2016. Esta cifra se ubica como superior a las cifras del año pasado, para un total de 54 personas asesinadas en lo que va del año. Las víctimas son en su gran mayoría líderes campesinos, indígenas y afrocolombianos y dentro de las investigaciones, estos casos se le atribuyen a los grupos armados ilegales.

Así mismo, esta organización asegura: “la Comisión Interamericana expresa su preocupación por la especial vulnerabilidad de defensoras y defensores campesinos, indígenas y afrocolombianos frente a los asesinatos, que se concentran en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y Nariño. El último caso del que la CIDH ha tenido conocimiento señala el asesinato del defensor campesino Yimer Chávez Rivera el 16 de octubre en el departamento de Cauca”. La comisión se refiere a uno de los líderes de la Organización para el Desarrollo Urbano y Campesino, Ordeurca, y líder de la Guardia Campesina y Popular en la vereda de Frontino en la municipalidad de La Sierra.

Alarma internacional

Ya la comisión había proferido un comunicado público a inicios del presente año, en donde se condenaba el asesinato de cinco defensores de derechos humanos, entre otras situaciones graves de violencia política.

En esta ocasión, y dado el aumento de los asesinatos, el relator sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, comisionado José de Jesús Orozco, agregó: “la Comisión expresa su alarma sobre estos actos de violencia(…) La Comisión Interamericana se suma a la preocupación manifestada recientemente por diversos organismos internacionales y regionales de derechos humanos sobre la grave situación de violencia contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia”.

Así mismo se afirma en el comunicado: “La Comisión Interamericana reitera que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. La CIDH toma nota de las investigaciones en curso y llama al Estado de Colombia a continuar con las mismas. Esto debe incluir el desarrollo de líneas de investigación bajo la hipótesis de que estos asesinatos pudieran haber sido cometidos en conexión con la labor de defensa de los derechos humanos”.

Llamado al Estado colombiano

Dentro del llamado que dicha comisión le hace al Estado colombiano, se encuentra la necesidad de adelantar investigaciones serias, prontas e imparciales que den con los responsables de los crímenes. “La CIDH urge al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos”, afirman, al paso que señalan: “los actos de violencia y otros ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad”.

El llamado insiste en que el Estado colombiano debe garantizar la seguridad de los grupos de defensores y defensoras, particularmente para quienes se encuentran en situaciones de riesgo, insta al Estado a adoptar medidas específicas de protección en razón de sus actividades y riesgos habituales.

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