Golpes a la esperanza en Colombia

“El estado actual de los procesos de paz no puede permitir que Colombia siga padeciendo angustia, sangre”, dice la Cumbre Agraria

No más impunidad.

No más impunidad.

Carolina Tejada

Con gran angustia las organizaciones sociales de Marcha Patriótica, la Unión Patriótica y el Congreso de los Pueblos, expresiones del movimiento social, quienes habían encabezado la campaña nacional por el voto sí en el plebiscito por la paz, han recibido una serie de amenazas por parte de bandas paramilitares, quienes han estado abiertamente en contra el proceso de paz y promovieron abiertamente la campaña por el no.

Dichas amenazas se han convertido, durante los más de cuatro años del proceso, en un ejercicio de terror psicológico y social a lo largo y ancho del territorio nacional. En lo que va corrido, sonaron con mayor contundencia y muchas de ellas pasaron de la amenaza al asesinato selectivo de líderes sociales y defensores de derechos humanos, varios de ellos vinculados en la campaña por el sí a la paz en las pasadas consultas del plebiscito.

No se combatió el paramilitarismo

Tan cerca y tan lejos se ve la paz para Colombia. Desde diversas orillas e incluso desde la comunidad internacional, se venía denunciado la presencia de organizaciones paramilitares en diferentes territorios. Sin embargo, la misma institucionalidad, la que tiene la obligación de investigar, judicializar y desmantelar a estos grupos que han venido sembrando terror en las comunidades, se había empeñado en asegurar que no existían. Los crímenes escalonados, el paro armado a inicios de año, las constantes amenazas, así como el copamiento de territorios por medio de la violencia como ha ocurrido en el Chocó, Apartadó, entre otros, se habrían indilgado a las mal llamadas bandas criminales, Bacrim.

Después de más de cuatro años de denuncias sobre el rearme de los grupos paramilitares, hoy las organizaciones sociales presentan un mapa desolador en términos de la violación a los derechos humanos.

Cómo cuesta la vida, cuando se habla de paz

En Colombia no existen garantías para la vida. Desde el mes de agosto del presente año, han sido asesinadas 30 personas, para un total de 71 en lo que va ocurrido de 2016, continúan los hostigamientos, el desplazamiento forzado y existen más de 279 amenazas de muerte en diferentes lugares.

Regiones como el Caquetá, en donde hasta hace unos días se desarrollaron actividades alusivas al plebiscito, el cese al fuego y la vigilia por la paz del 31 de agosto, se han visto inmersas en una total zozobra, pues las organizaciones que allí desarrollan sus actividades comunitarias han denunciado las amenazas y la estigmatización de la que han sido víctimas por parte de administraciones como la del alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez, quien públicamente ha señalado a la organización agraria del Lozada Guayabero, Ascalg, de ser una organización que cobraba impuestos de la guerrilla.

Sus dirigentes mostraron indignación y públicamente llamaron al administrador a corregir dicha información, sobre todo porque ese señalamiento podría acarrear dificultades para sus integrantes. Hoy día, no solo existen dichos señalamientos, incluso en San Vicente existen grafitis alusivos a las AUC, en algunos corregimientos como La Y, han aparecido grafitis con la misma información.

Proclamar la paz a cambio de sangre y fuego

Lamentablemente las amenazas y los señalamientos no llegaron solas: el líder Erley Monroy, líder de la organización Ascalg, fue asesinado el 18 de noviembre en San Vicente del Caguán, también fue asesinado Didier Losada, el 19 del mismo mes es herido Hugo Cuéllar en el departamento del Meta, ese mismo día pero en el departamento de Nariño, Rodrigo Cabrera, es asesinado. Días antes el 11 de noviembre es igualmente asesinado José Velásquez en el Cauca; John Rodríguez, asesinado el 1 de noviembre en el Cauca. Varios indígenas y líderes de esta importante zona del país también habrían sido asesinados.

La lista de agresiones no para, y sumado a ello se encuentran los atentados contra la vida de otros dirigentes. Este es el caso de Argemiro Lara, líder de restitución en la finca La Europa y dirigente de la Unión Patriótica.

Estos crímenes, condenados a nivel internacional, solo han generado un descontento y desesperanza sobre el proceso de paz. Tanto las muertes como los atentados o amenazas están ocurriendo en el entorno de las zonas de concentración guerrillera acordadas entre el Gobierno colombiano y las FARC.

La comunidad internacional, los defensores de derechos humanos, así como los negociadores de las FARC-EP, han instado al Gobierno colombiano para que adelante investigaciones exhaustivas y se castigue a los perpetradores de los crímenes. Así mismo a que se cumplan los compromisos en relación a lo acordado en el punto de garantías de los acuerdos. Esta situación se muestra como una arremetida contra la esperanza de la paz en Colombia.

Desde la Cumbre Agraria Étnica y Popular, han advertido que “el estado actual de los procesos de paz no puede permitir que Colombia siga padeciendo angustia, sangre, dolor y lágrimas que generan la muerte y el uso de la violencia como mecanismo para contener el avance social y político de quienes creemos que se está llegando al fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto armado, de aquellos que proyectamos la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia que dará inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de nuestros territorios, una mayor inclusión, la satisfacción de los derechos de las víctimas, la ampliación de la democracia con plenas garantías para quienes participen en política”.

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