Un Acuerdo con seguridad constitucional

Un instrumento más efectivo para implementar la paz es el acuerdo anunciado el pasado 12 de noviembre

Diego Martínez.

Diego Martínez.

Hernán Camacho
@camachohernan

Diego Martínez es uno de los juristas que asesora a la delegación de paz de las FARC. Estuvo en las casi tres semanas de renegociación después del 2 de octubre. VOZ habló con él para esclarecer las novedades del acuerdo de paz. Se incorporaron aclaraciones, interpretaciones y adecuaciones que no afectan los pilares de la negociación.

–¿Cuál es su opinión sobre el nuevo acuerdo de paz firmado?

–Es un acuerdo que sienta las bases para implementarlo de manera más efectiva. A los temas como garantías de seguridad, asuntos rurales y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se les incorporan elementos de mayor solidez para el periodo de implementación.

–Hablemos de esos temas. ¿En la cuestión agraria cambió algo?

–Se conserva la base esencial del acuerdo, se contemplan muchas aclaraciones respecto al tema de la propiedad privada como derecho para todos, tanto para la gran propiedad como los pequeños propietarios, y lo más importante para los propietarios que fueron desplazados y sus terrenos apropiados ilegalmente. También se fija una fórmula progresiva de aplicación a la reforma agraria que va a tener etapas, tiempos y escalonamientos. Y una cosa que se aclara es lo referente a una especie de consejo nacional agrario que contribuirá a implementar las políticas agrarias con la consulta a expertos y organizaciones de la sociedad civil. Los otros temas quedan iguales.

Participación

–¿Cuál es el interés de no permitirle a las FARC hacer política?

–Existe un miedo de sectores del establecimiento a la fuerza transformadora que hay detrás del acuerdo y que se ha venido acumulando con mayor fuerza en sectores tradicionalmente marginados. Lo que refleja las elecciones del pasado 2 de octubre es que ni la paz ni los acuerdos están solos y que sectores sociales populares los abrazan y están dispuestos a utilizarlos para un nuevo escenario político. Y creo que ese escenario le genera miedo a los sectores políticos que tienen viejas gabelas electorales y que podrían perder mucho con la potencia transformadora del acuerdo de paz. El movimiento político que se configure con muchas fuerzas, incluidas las de las FARC, va a tener una gran acogida con las nuevas reglas de juego de la política.

–Siguiendo en los temas de participación política, ¿qué cambió?

–No se modificó nada en ese punto, se conservó la base estructural del acuerdo. Hay necesidad de reformar el sistema electoral en el país, se conserva la necesidad de mantener el estatuto de la oposición, se contempla el respeto a la movilización social y ciudadana, y se conserva la idea de profundizar un régimen más democrático. Ahora, en el tema de circunscripciones de paz no van a poder participar los partidos políticos con personería jurídica sino los movimientos sociales y campesinos que hagan presencia en esos territorios declarados circunscripción de paz.

–¿Se afectó la designación de curules?

–Se mantienen. La asignación de curules del nuevo y el pasado acuerdo solo representa el 3,7% del total del Congreso. Eso no es un peligro latente para modificar el régimen político. Lo que sí representa un riesgo es un movimiento convergente que va a surgir a partir de la implementación de los acuerdos y del nuevo escenario político.

–En cuanto a los cultivos ilícitos. Háganos claridad.

–Ese fue un punto de aclaraciones. Por ejemplo: cualquier intención de erradicar cultivos ilícitos deberá darse de manera manual y en cualquier forma debe respetar el derecho a la salud y los derechos fundamentales de las comunidades campesinas. Se privilegiará la erradicación manual con planes integrales de desarrollo territorial.

Jurisdicción de paz

–Entremos a la JEP ¿Qué pasó allí?

–Aquí se ajustaron y complementaron muchos temas. Lo primero es que se mantiene la naturaleza restaurativa de la JEP, que es su componente estratégico. Esto significa que se restituyen los derechos de la sociedad y de sus víctimas, reconstruyendo el tejido social de una sociedad inmersa en 50 años en guerra. Lo segundo es la relación de la JEP con la Justicia ordinaria: va a existir un relacionamiento de tipo complementario pero donde resuelve es la jurisdicción de paz en materias de acción de tutela; es decir: existirán tutelas en la JEP, existirá un mecanismo tripartito para la revisión de sentencias que solo podrán ser modificadas en claros aspectos en los que no se actúe en derecho.

El efecto de esa decisión la aplica la JEP. En materia de competencias estamos hablando de un nuevo mecanismo incidental de resolución de competencias con el Consejo de la Judicatura. Al final lo que vamos a tener es un gran mensaje a la jurisdicción ordinaria por aplicar el derecho penal del enemigo, es decir excesiva justicia a los integrantes de las FARC y mínima a los integrantes del Estado. Y se precisa que fundamentalmente esas decisiones de penas estarán en manos de los jueces con un mecanismo internacional de observación a cargo de la misión política de las Naciones Unidas.

Ahora en el tema de la ley de amnistía se aclaró la ruta de los militares y su tratamiento penal equitativo y diferencial. Pero en cuanto a la amnistía más amplia posible no se tocó nada pero se corrigieron temas de procedimiento.

Bloque de constitucionalidad

–El asunto de seguridad de los acuerdos. ¿Cómo queda el bloque de constitucionalidad?

–Hay una valoración complementaria del acuerdo. Ahora se permite integrar derechos fundamentales de carácter social como por ejemplo el derecho a la tierra, el derecho a vivir en un ambiente sano, que son derechos recogidos en el acuerdo pero que no tenían potencia constitucional, ahora sí la tienen. El Acuerdo no salió del bloque de constitucionalidad, ahora esos derechos tendrán mayor fuerza por estar inmersos en un pacto de paz.

–¿Un pacto de paz que es un acuerdo especial?

–El acuerdo potencia derechos que hoy no son considerados fundamentales. Pero se desarrolla una visión interpretativa del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, en donde se establece que los acuerdos de paz son acuerdos humanitarios especiales y eso significa que ingresa en sentido estricto a la Constitución. Y en un sentido aun mayor, tratándose de una misión humanitaria.

–El acuerdo no lo podrá tumbar ningún gobierno próximo.

–Pero además porque existe una cláusula de cumplimiento que compromete al Estado y a sus instituciones, una cláusula estricta por ser normalizado y por el compromiso de implementar lo acordado. En general hay una fórmula más reforzada para el cumplimiento de los acuerdos. El bloque de constitucionalidad era menos integrador a lo que hay en el nuevo acuerdo. No esperemos que todo se solucione por la vía constitucional, debe existir una petición de la sociedad colombiana en su conjunto de implementar los acuerdos en lo que tiene que ver con derechos o no.

–¿Cómo vio a las partes en esas nuevas sesiones de renegociación?

–Yo vi a las FARC-EP con la intensión de salvar el acuerdo de paz y con la idea de saltar a la implementación del nuevo acuerdo.. La refrendación de los colombianos debe darse es con las mayorías. Y al Gobierno defendiendo el paquete de propuestas del no. Ahora hay que aclarar que ese paquete ya lo había llevado el Gobierno en la pasada negociación. Las propuestas del No ya antes habían sido defendidas por el Gobierno en la mesa.

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